Ha transcurrido más de un largo y dilato cuarto de siglo desde que se aprobase, en 1979, el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Casi cuatro décadas se han desvanecido como el humo.
Aquella ley orgánica –fraguada en un ambiente tan exultante como banal y fatuo, por parte de la derecha nacionalista y todos sus adláteres– con el inexorable devenir del tiempo se ha convertido en el paradigma más claro y evidente de la inmensa capacidad del Estado español para incumplir consciente y deliberadamente un texto legal de primer orden, ley Orgánica, que emana directamente de la Constitución española de 1978. Pues a pesar de todo ello la inquebrantable e indescriptible falsa esperanza mesiánica de los cuadros dirigentes de la formación jeltzale siguen proclamando y demandando su «actualización», como si se tratase de una simple aplicación informática.

Durante grises lustros y anodinas décadas de gobiernos del PNV, «El Estatuto de Gernika» fue Ley de Moisés, Tabla de Salvación, Decálogo Sagrado… que servía para mantener la falaz esperanza en un futuro cargado de atrayentes y deslumbrantes avances en los diferentes ámbitos de la vida. Y a pesar de que las estructuras del vértice de la formación autonomista por antonomasia han mostrado, durante todo este largo e insoportable periodo histórico, una increíble habilidad en el campo de las Ciencias de la Comunicación, un profundo dominio de las técnicas de la publicidad y han contado con todo tipo de recursos humanos y medios de comunicación, plegados a sus deseos, no han podido seguir manteniendo a sus bases, por más tiempo, embelesadas y ensimismadas en un Estatuto imposible ya de mantenerlo como referente para poder alcanzar «un mayor autogobierno».

En el programa electoral para el Parlamento Vasco, concerniente a la X legislatura, del año 2012, el partido jeltzale seguía aún abogando por el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika: «EAJ-PNV entiende que es preciso exigir y demandar de la Administración española el cumplimiento íntegro del compromiso político y legal pactado en 1979». Demanda o exigencia que, evidentemente, rechinaba o, al menos, no engarzaba para nada con la finalidad del mencionado programa electoral: «una Euskadi abierta al mundo (…) solidaria (…) dueña de su propio destino». Esta contradicción ha sido consustancial e inherente al ideario político de la mencionada formación política.

En el apartado "X, nº 31, Euskadi, Nación Europea". Euskadi, por supuesto exclusivamente, los tres territorios vascongados de Hego Euskal Herria, se proponía un nuevo sistema de autogobierno, teniendo como referencia el Estatuto de Autonomía. Hace ya cinco años eran conscientes de que cualquier proyecto de futuro para Euskadi iba a requerir «legitimación social» y la imperiosa necesidad de «alcanzar acuerdos entre los partidos políticos y los agentes sociales». Estos últimos son los que pusieron en marcha –hace cuatro años– la iniciativa para realizar pueblo a pueblo, consultas sobre el inalienable derecho de una comunidad humana a decidir su futuro. Pero contradiciendo su propio programa electoral, el presidente jeltzale, Andoni Ortuzar, en una entrevista publicada, no hace muchos días en este mismo medio de comunicación, manifestaba sin tapujos y, tal vez, sin ser consciente de su flagrante contradicción, «nosotros solo participamos en las cosas que organizamos nosotros, que creo que es una sana costumbre», refiriéndose a la iniciativa impulsada e implementada por Gure Esku Dago.

En ese programa electoral se abogaba sin ambages por «un nuevo estatus político» que entre otras cosas posibilitase a Euskadi ser «solidaria», mediante «un sistema de autogobierno que permita el desarrollo de una comunidad vasca con identidad propia (…), que incluya también la institucionalización de las relaciones con Nafarroa e Iparralde (…) sobre la base del territorio euskara, el territorio cultural compartido que ubica a la comunidad vasca en el mundo. La nueva Eurorregión de la UE, Euskadi, Nación en Europa».

Sí, parece un galimatías, un acertijo, un tótum revolútum… Pero es algo muy propio de la formación autonomista, por un lado mantener la idea exclusivamente romántica y folklórica de una comunidad cultural con un idioma propio, y en las instituciones europeas una «nación» formada solamente por tres territorios.

Nuevamente sus dirigentes contradicen hasta sus propios programas electorales. A primeros del pasado mes de mayo, el lehendakari de vascongadas se reunía con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, para dejar meridianamente claro que la idea de la CAPV como «Nación en Europa y autogobernada» consistía exclusiva y simplemente en la «defensa del Concierto Económico».

Sin embargo, aquel programa electoral del 2012 aspiraba a objetivos mucho más profundos y de calado mucho más hondo que lo que cinco años después manifestaba el mencionado Iñigo Urkullu. Se necesitaba alcanzar un ritmo de desarrollo que era «imposible de lograr mientras dependamos de circunstancias de terceros países». Por lo tanto se exigía «aplicar y estructurar políticamente el principio de soberanía» consistente en el «derecho y capacidad para decidir nuestro futuro (…) porque nos asisten los mismos derechos que al resto de naciones en el mundo». Se aspiraba claramente y sin tapujos al «reconocimiento de Euskadi como una nación libre en el concierto internacional». Los otros territorios de Euskal Herria, evidentemente, quedaban relegados para otros ámbitos más prosaicos.

Tras la IX legislatura, 2009-2012, en la que el PNV quedó relegado a la oposición –por la entente surgida increíblemente entre el PSOE y el PP; aunque la historia del PSOE es pactar siempre con la derecha autonomista en la CAPV; en Nafarroa con la derecha españolista intolerante y anclada ideológicamente en las estremecedoras décadas del S.XX; y en el Estado español con la derecha que surgió directamente del franquismo– seguramente pensó y concibió que iban literalmente a arrasar en las elecciones del 21 de octubre del 2012, de ahí su furor en hacer hincapié en el programa electoral en lo que debería llegar a ser la CAPV, desde un punto de vista, aparentemente, completamente independentista: «Euskadi es una vieja nación que se renueva y fortalece (…) debe ser nación en Europa. Junto a algunas que ya están, como Estonia o Croacia. Junto a otras que piden paso, como Escocia, Flandes o Catalunya (…). Debemos (…) vincular soberanía política y soberanía económica». Y como no podía ser de otro modo a renglón seguido, y en el mismo párrafo, aparece una vez más la inconmensurable contradicción: «necesitamos una Euskadi más independiente». Tras haber manifestado la intención de convertirse en un Estado como, por ejemplo, Estonia, posteriormente simplemente aspira a la necesidad de «más independencia».

Para los dirigentes del partido era fundamental e imprescindible volver a Lakua –a su sitio natural– con la mayor fuerza posible. Por eso, seguramente, se permitieron esas concesiones tan claras y meridianas sobre las aspiraciones a una nación vasca, comparable exactamente a las repúblicas bálticas o a los nuevos estados surgidos de la antigua Yugoslavia. Deseaban atrapar, mantener y atraer al máximo número posible de electores y electoras, y de ahí esas increíbles veleidades independentistas.

Tras los comicios sus aspiraciones, de alguna manera, quedaron truncadas de 30 parlamentarios en la anterior legislatura pasaron a 27.

Insistieron mucho en el concepto de nación vasca: «Creemos que el proyecto de la nación vasca tiene futuro (…) como una realidad que busca espacio y reconocimiento al mismo nivel que el resto de estados en el seno de la Unión Europea».

Se aspiraba a «…potenciar y posicionar nuestra marca propia, la ‘marca Euskadi’. Esta idea de la mencionada marca es más propio de una campaña de marketing que de una idea política, ya que trata a la población y a su territorio como un simple producto a posicionarse en un mercado ferozmente competitivo.

El partido jeltzale consideraba que estaba «llamado a desarrollar el liderazgo estratégico en términos políticos (…) para apostar por el logro de un nuevo acuerdo». Esta reflexión deja clara evidencia, mediante el uso del vocablo «llamado», del mesianismo confesional que impregna la ideología burguesa, liberal y de derechas que sustenta todo su ideario político.

En este texto programático el partido autonomista se comprometía solemnemente –ante sus votantes, simpatizantes, militantes y lo que es mucho más relevante y profundo, ante el mismísimo pueblo de eso tres territorios– a llevar a cabo, en el año 2015, un refrendo popular sobre un «nuevo modelo constituyente».

La pomposa propuesta, deliberadamente o no, quedó incumplida, relegada en el olvido. Y no tuvo ni la más mínima consecuencia. La poderosa, omnipresente y bien nutrida maquinaria propagandística del partido neutralizó todo tipo de crítica ante, evidentemente, semejante, increíble y descomunal incumplimiento de una promesa de tan hondo calado. Pero este es el ser y el devenir de un partido sumido constantemente en una esquizofrenia política por querer alimentarse de electores autonomistas y de votantes que sueñan y aspiran a que un día Euskal Herria se convierta en un estado libre.

Con estos últimos habría que trazar puentes, vínculos y diversas empatías para que se diesen cuentan que, bajo esas siglas, sus sueños son una inconmensurable, evanescente e inmaterial entelequia.

Entre esa X legislatura y la XI, en la que nos hallamos inmersos, los cuadros dirigentes del partido jeltzale seguían apostando, en los eventos más relevantes para su formación, por la consecución de un nuevo estatus político.

En el año 2015, año del lamentable menosprecio, a la comunidad de esos tres territorios, mediante el flagrante incumplimiento de la promesa electoral, el día del Aberri Eguna, Iñigo Urkullu seguía agitando la evanescente bandera de la libertad de la nación vasca, a sabiendas de que el objetivo final del partido es diametralmente opuesto a lo que se dice: «alcanzar un acuerdo interno y pactar un nuevo estatus político que (…) reconozca la nación vasca». La situación era propicia para manifestar que llegaba «un tiempo para crecer en autogobierno y transitar de un fallido Estado de las Autonomías a una Europa de estados plurinacionales, que reconozca la diversidad y la pluralidad». El tótem de Gernika comenzaba a resquebrajarse tras décadas de arrebatadora adoración y sumisión. El presidente de la formación, Andoni Ortuzar, ahondaba en la misma idea aspirando y deseando «una Euskadi libre y de hombres libres (…) una nación que quiere decidir su futuro sin ataduras. Es un destino cada vez más cercano. Soñamos con ser una estrella en el cielo de Europa y seremos una estrella en el cielo de Europa».

Sin lugar a dudas la formación jeltzale sabía perfectamente que era un momento idóneo para agitar la bandera europea, enardeciendo a su militancia en la idea de conseguir ser la estrella número 28, tras la salida de Gran Bretaña de la UE, y de esta manera soslayar su inadmisible incumplimiento programático.

El Alderdi Eguna, del 2015, era el último apoteósico evento de la formación jeltzale antes de enfrentarse a las urnas, para seguir anclado en el gobierno que surgiese tras las elecciones al siguiente año, y seguir inútilmente transitando por la XI legislatura. Y como ocurre habitualmente en este tipo acontecimientos multitudinarios los dirigentes ondean la bandera de la histórica reivindicación como si realmente se tratase de un asunto de vital y trascendental importancia.

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, le solicitaba al presidente del Estado español que se quedase «con su ciudadanía española» porque «nosotros somos vascos y solo vascos», y añadía que «Euskadi se merece: nuestro reconocimiento como nación, nuestros derechos como pueblo, como el de poder decidir nuestro futuro y una relación de bilateralidad con el Estado».
El presidente jeltzale introducía el termino de bilateralidad, arrogándose una potestad y unas facultades de las que carecían completamente ante ese Estado intransigente, intolerante y absolutamente inaccesible ante cualquier mínimo atisbo de configurar una nueva «estrella en el cielo de Europa». Eso si, mediante la bilateralidad, asumían todas las obligaciones que se les demandase por parte de ese Estado.

El presidente de la CAPV, Iñigo Urkullu, no perdía la ocasión para dibujar una sonrisa entre la audiencia y suscitar una cerrada ovación en torno a su supuesto convencimiento: «Creo en la posibilidad de una consulta legal y pactada» y ponía como ejemplo el caso del Reino Unido respecto a Escocia, donde exclusivamente participaron, lógicamente, las personas censadas en el país de los pictos, en la vieja Caledonia. En carpetovetonia la situación sociopolítica es diametralmente opuesta. Y advertía de que «España tiene un problema en Catalunya y en Euskadi» y deseaba «buena suerte» al pueblo catalán, en las elecciones que se celebraban ese mismo día, 27 de septiembre del 2015, al Parlament de Catalunya. Reclamaba una consulta «legal y pactada» sobre el futuro de «la nación vasca», futuro en el que, por supuesto no se incluía al resto de los territorios vascos. Para Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa, simplemente demandaba la profundización «en las relaciones entre vascos, ancladas en los derechos históricos». «Somos una nación. Somos el pueblo vasco» e introducía el concepto de «nación foral» que aglutinaría los derechos históricos de los territorios vascos, «reconocidos por la Constitución española y el Estatuto».

Así se llegaba a las elecciones de septiembre de 2016, que darían lugar a la XI legislatura. Nuevamente el partido jeltzale, en su programa electoral, se comprometía con la profundización del autogobierno mediante «un nuevo estatuto político». Así de taxativos y convencidos se mostraban en su proclama electoral: «Necesitamos, y en ello empeña el PNV su compromiso, el reconocimiento jurídico-político de Euskadi como nación y el derecho de quienes aquí vivimos a decidir libre y democráticamente nuestro futuro». ¿Qué compromiso? Si hacía ya cuatro años, en el 2012, que lo habían empeñado y nunca lo habían recobrado.
El proceso de actualización del autogobierno vasco se debería desarrollar en base al principio de legalidad, adecuándose a los procedimientos establecidos en el bloque de la constitucionalidad; es decir, bilateralidad.

Curiosamente las ínfulas, las exaltaciones, las pasiones nacionalistas, la nación vasca en Europa, la nueva estrella en el firmamento europeo… se desvanecían en la prosaica, gris y absolutamente lamentable realidad en la que se mueven los cuadros dirigentes jeltzales que textualmente abogaban por un proyecto «de reforma del actual Estatuto de Autonomía que deberá refrendar el Parlamento Vasco. Una vez aprobado, consideramos conveniente que dicho proyecto de reforma estatutaria pudiera ser sometido, antes de iniciarse su tramitación ante las Cortes Generales, a una Consulta Habilitante por parte de la ciudadanía vasca».

Había llegado la hora de cercenar, acotar y desdibujar toda veleidad llamada a conseguir unas cotas de «más independencia».

Las mentes que determinan, trazan y deciden qué hacer habían planificado una nueva era de congratulación, acercamiento y ensimismamiento con el Estado español y habían designado para tan “noble empeño” al mismo Inigo Urkullu, importándoles un comino tener que contradecir al mismísimo presidente del partido, que siempre se ha jactado de que “No nos gusta meternos en las cuestiones internas de otros partidos.”
En los día previos a las elecciones al Parlamento Vasco, llevadas a cabo el 25-09-2016, Iñigo Urkullu se prodigaba en declaraciones, que deleitaban los oídos del Estado, el mismo, viejo, trasnochado y anacrónico imperio, que llevó el terror, la opresión, la miseria y una brutal y despiadada invasión más allá de los océanos.

El presidente de la CAPV se reafirmaba en «la necesidad de lograr un ‘acuerdo interno’ entre ‘diferentes’ en el País Vasco, con un reconocimiento de la nacionalidad vasca, que derive después en una consulta a la sociedad y en un ‘pacto’ con el Estado basado en la ‘bilateralidad’».

La bilateralidad, por lo tanto, se había convertido en la piedra angular para conseguir o alcanzar cualquier acuerdo con el mencionado Estado.

La bilateralidad se había transformado o se había elevado a rango de paradigma académico; en modelo científico, en verdad axiomática dentro de las ciencias políticas; en norma y canon referencial, de aceptación universal para negociar con el gobierno más intransigente, corrupto e intolerante de Europa. Así lo atestiguan los «más de 850 casos de imputados / investigados, con muchos dirigentes políticos en prisión, con operaciones policiales por doquier en toda la geografía española, bien por intentar financiar el partido, bien por intentar lucrarse personalmente».

Faltaban escasos días para los comicios del 25 de septiembre y los cuadros dirigentes querían atraer el máximo número de votos de la derecha no nacionalista, pero que se deja embelesar por los cantos de sirena de la poderosa máquina de propaganda jeltzale, sino no se entiende la actuación e intromisión del lehendakari Iñigo Urkullu en los asuntos internos de Catalunya, para regocijo y alabanza de los partidos españolistas.

En similares entrevistas realizadas en "La Vanguardia", siete días antes de las elecciones y en en "El País", cinco días antes, Iñigo Urkullu realizaba unas declaraciones que reflejaban de manera nítida y transparente el verdadero sentimiento e ideario político de su partido, sin el mínimo adorno nacionalista. Aparecía un mensaje descarnado, gris y gélido, en el que descartaba tajantemente las vías unilaterales y definía como una «quimera» pensar en «un Estado vasco independiente» conformado por siete herrialdes. Y comenzaba a cuajarse la inadmisible intromisión: «No soy partidario de las vías unilaterales. Nunca contarán con el apoyo de la Unión Europea» «Aconsejo a los catalanes que eviten el frentismo». «Es imposible que hoy un Estado se pueda declarar independiente… La independencia en el siglo XXI es como hablar de imágenes del pasado».

Las alabanzas, loas y ensalzamientos que generaron esas declaraciones por parte de esa derecha españolista –Xabier García Albiol (PP), Miquel Roca (exdirigente de la CiU más pactista y ahora abogado de la infanta Cristina de Borbón), Albert Rivera (líder de Ciudadanos)– aferrada sólidamente a la idea franquista de la España como: una, grande, libre e indivisible, no parece que perturbaran ni lo más mínimo ni a Iñigo Urkullu ni a los cuadros dirigentes. Por lo tanto se puede colegir que las concomitancias ideológicas entre ellos, los jeltzales y los españolistas, son mucho más grandes y de un calado mucho más profundo que lo que a priori se pudiera suponer.

La poderosa, omnímoda e inconmensurable máquina propagandística de los jeltzales no estuvo errada, no sólo lograron una diputada más, respecto a los anteriores comicios, sino que estuvieron a punto de conseguir una mayoría, junto con el PSOE, en la Cámara de vascongadas. Ergo, mereció la pena insuflar un mensaje de rechazo, claro, evidente y aplastante no solo contra la unilateralidad, sino también contra la idea fundamental, básica y vertebradora de su partido: la consecución de un Estado Vasco en el concierto internacional de estados libres.

Es evidente que les importa un comino haber materializado y explicitado de una forma tan grosera y prosaica su verdadera ideología. Saben perfectamente que vendrán nuevos «Alderdi eguna» y «Aberri egunak» con los que nuevamente, y por enésima vez volverán a irradiar entre sus votantes, simpatizante y militantes las imprescindibles, atemporales y sistemáticas dosis de patriotismo enfervorizado y anodino.

Tanta mezquindad política, social, económica, medioambiental, cultural, laboral, energética, internacional… exhibida por la formación jeltzale, durante más un deplorable y execrable cuarto de siglo, hace absolutamente inviable cualquier acuerdo sobre el futuro de Euskal Herria con dicha formación. Solo cabe la posibilidad de implementar diferentes, innovadoras e ilusionantes estrategias para atraer al máximo número posible de sus electores a la maravillosa y extraordinaria causa de la creación de un Estado libre y soberano en Euskal Herria.