Después del excelente trabajo de divulgación y debate llevado a cabo por ZER, parece que el Ayuntamiento de Iruña está pensando en convocar un «Concurso internacional de ideas» sobre el futuro del monumento a los caídos y su entorno. Vamos a repensar un poco qué quieren decir esas palabras:

Todos entendemos que, cuando una ciudad tiene claro qué quiere hacer en un determinado espacio para mejorarlo, convoque a equipos técnicos que son los más capacitados para que propongan soluciones técnicas (arquitectónicas, urbanísticas, ingenieriles, paisajísticas, etc.) y elegir la más adecuada a lo que quiere la ciudadanía para ese entorno.

El Jurado del concurso, cualquier jurado, para decidir cual es la mejor propuesta técnica, debe tener unas bases previas claras, en base a las cuales valorar el cumplimiento de cada una de las propuestas presentadas al concurso. Si no existen esas bases claras y asumidas por la ciudadanía, difícilmente podrá el jurado comparar unas propuestas con otras, difícilmente se podrán comparar manzanas con balones.

Aplicado este concepto al asunto del futuro del monumento a los caídos, quiere decir que, antes de convocar un concurso de técnicos expertos, se deben decidir las bases del concurso, que en este caso son dos asuntos complementarios:

a.- Si derribamos o mantenemos el monumento, y

b.- Qué usos proponemos para ese entorno compuesto por la plaza de la Libertad, el monumento y el posterior parque Serapio Esparza.

La decisión sobre si se conserva el monumento o se derriba y sobre qué usos deseamos que se implanten en ese entorno, las tiene que tomar la ciudadanía y sus instituciones democráticas (Ayuntamiento, Gobierno etc.). Sólo tras esas dos decisiones ciudadanas tiene sentido convocar un concurso de expertos (en arquitectura, ingeniería, urbanismo, paisajismo, etc.) que propongan soluciones técnicas a las decisiones ciudadanas.

Pensar que esas dos decisiones primeras las tienen que tomar los equipos técnicos concursantes o el jurado que les juzgue, sería sustituir la decisión ciudadana por una decisión técnica externa, sería soslayar la responsabilidad que le corresponde a la ciudadanía y a los grupos políticos, sería echar balones fuera, sería «puentear» la democracia ciudadana, y no queremos eso.

A nuestro entender, los pasos a dar en un proceso democráticamente llevado deben ser:

.- Información y debate ciudadano sobre el monumento a los caídos (aspectos legales, artísticos, históricos, ideológicos, etc.),

.- Información y debate ciudadano sobre el  papel urbanístico de ese entorno para Pamplona (antes de borde, ahora en el centro de la ciudad),

.- Información y debate ciudadano sobre posibles usos a implantar en ese entorno, suma de la plaza, el parque y el (o los) edificio(s),

.- Decisión, por parte de la ciudadanía y de las instituciones democráticas, sobre el futuro del monumento (derribo o resignificación),

.- Decisión, por parte de la ciudadanía y de las instituciones democráticas, sobre posibles usos del conjunto, tanto urbanísticos como edificatorios.

.- Concurso de propuestas técnicas para dar solución formal a esas decisiones ciudadanas (con especial cuidado a que el jurado tenga categoría profesional en consonancia con la internacionalidad de los concursantes).

Previamente a este proceso democrático resulta imprescindible que Ayuntamiento y/o Gobierno elaboren un Informe Legal sobre si el monumento cumple, o no, con la vigente Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007). Porque, si no cumple con este requisito legal, la propia Ley dice que hay que hacerlo desaparecer y el objeto del debate ciudadano se reduciría a ¿qué usos deseamos para ese entorno cuando desparezca el monumento?