Rosa no tuvo una vida muy difícil de niña y adolescente. Pudo ir a la escuela y al instituto. Sin embargo, cuando decidió ir a la universidad para estudiar enfermería, se quedó embarazada. Obligada a casarse rápidamente, en poco tiempo tuvo su segundo hijo. Tiempo más tarde, su marido les abandonó.

Sin formación, sin trabajo y con dos hijos pequeños, una prima suya le habló de una amiga que se encontraba en Bilbao. Allí había trabajo en el cuidado de niños, niñas y personas mayores; se vivía bien y la sanidad era gratuita. Pero eso era en 2010.
Cuando Rosa llegó a Bilbao, en 2014, la situación había variado. A nivel sanitario, se había implantado el Real Decreto Ley 16/2012, que lo cambiaba todo. De tener una asistencia prácticamente universal, vinculada a la ciudadanía –a través del empadronamiento- y con unas prestaciones muy amplias, se había pasado a la exclusión de la sanidad pública de las personas inmigrantes sin permiso de residencia, había aumentado el pago de medicamentos y otras prestaciones, y la atención pasaba a estar vinculada a la condición laboral de las personas. Todo ello a pesar de que la financiación de la sanidad sigue haciéndose todavía hoy a través de impuestos que pagan todas las personas que residen en el país –estén o no empadronadas- y no de la seguridad social.

Rosa no prestó demasiada atención a este recorte en derechos sanitarios. En un primer momento, acudió a casa de la amiga de su prima, pero era un piso muy pequeño que ya albergaba a mucha gente. Le aconsejaron que buscara un trabajo de interna, lo que le permitiría contar con una vivienda. Si tenía suerte, le empadronarían en esa casa y le harían un contrato laboral de forma que, entre otras cosas, tendría acceso a la atención sanitaria.

Encontró trabajo cuidando una señora mayor, pero no quiso empadronarla en su casa. Al fin y al cabo, decía, no sabía quién era ella e igual le metía en algún lío.
Al poco tiempo, Rosa comenzó a tener fuertes hemorragias cuando menstruaba y le dolía la cabeza con frecuencia. Sin embargo, su gran preocupación seguía siendo el trabajo, gracias al cual podía mandar dinero a sus hijos. Al menos, de momento, con eso contaba.

En uno de sus ratos libres, conoció a un chico. Empezaron a salir. Él le decía que la necesitaba, que era maravillosa, que la quería mucho y que era la mujer de su vida. Mientras, las hemorragias seguían, así que decidió ir a un Centro de Salud. Allí le informaron de que al no tener la Tarjeta Individual Sanitaria debía acudir al Servicio de Urgencias del Hospital. En ese le avisaron de que tendría que pagar por la consulta. No tenía dinero, así que, aunque temía que su estado de salud empeorase, decidió marcharse.

Se sentía desamparada. No solo por no recibir la atención médica que necesitaba, sino por no recibir información. No sabía con certeza a qué servicios sanitarios tenía derecho en su situación. Así que decidió asesorarse por su cuenta. En una ONG le aconsejaron que realizara la solicitud de Asistencia Sanitaria, pese a no llevar residiendo en Euskadi el tiempo necesario para ello. Al principio todo fueron inconvenientes ya que no disponía de la documentación apropiada -a veces en la propia administración no se conoce bien la ley-, pero con el acompañamiento de una persona de la ONG consiguió que aceptaran sus papeles. Tenía derecho a ello y en el futuro le sería de gran ayuda, ya que esta solicitud es una manera de constar en el sistema sanitario; algo muy necesario para poder anular una factura y para acceder a otras prestaciones.

En esto, su novio empezó a no ser ten cariñoso como antes: le insultaba y le pegaba. Un día le dio un golpe especialmente fuerte en el abdomen y se asustó. A causa de las hemorragias fue de nuevo a Urgencias. Una vez más le dijeron que no le podían atender y que, si lo hacían, le tendrían que cobrar. Pero esta vez sabía cuáles eran sus derechos. Sabía que tras la atención le mandarían la factura a casa, pero también que iba a poder anularla.

Además, accedió finalmente a la sanidad pública donde, gracias a un protocolo de atención en caso de violencia de género, se detectó su situación de maltrato y pudo recibir ayuda, tanto médica como psicológica.

Pero, ¿qué hubiera pasado si finalmente no hubiera recibido atención sanitaria? Posiblemente, su salud hubiese empeorado y seguiría sufriendo maltrato, quién sabe hasta qué extremo y con qué consecuencias para su integridad tanto física como psicológica.

Un año más tarde logró una atención sanitaria completa, con lo que Rosa ha conseguido estar más cerca del concepto de salud que maneja la OMS (Organización Mundial de la Salud), que habla de un estado de completo bienestar físico, mental y social.

La Constitución de la OMS afirma que el goce de grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de toda persona, e incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención sanitaria de calidad suficiente. Esto significa que los gobiernos, con sus políticas y programas de salud, tienen la obligación de garantizar este derecho a todas las personas, incluidos los grupos de población y personas más vulnerables, como podría ser Rosa, mujer e inmigrante.

Dicha organización subraya que los gobiernos deben aplicar un enfoque de la salud basado en los derechos humanos, ofreciendo estrategias y soluciones que corrijan las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas, que son aspectos determinantes de la inequidad en los resultados sanitarios.

En ese ámbito, la OMS apunta a que la cobertura sanitaria universal es un medio adecuado para promover el derecho a la salud; un derecho universal al que, como tal, deben incorporarse todas y cada una de las personas que conviven en las distintas sociedades. También las mujeres inmigrantes, cuyos problemas de salud, muy ligados a las desigualdades de género y a sus condiciones socioeconómicas, suelen tener poca visibilidad en nuestro entorno más cercano.