Ejercida por los aparatos ideológicos y de seguridad del Estado ponen de manifiesto la subsistencia de ideologías que impiden la transición auténtica hacia la realización de los derechos íntegros individuales y colectivos. En definitiva, se mantiene el continuismo que ha guiado a los sucesivos gobiernos alternantes para los que la transición fue un éxito democrático plasmado en la Constitución española. Este inmovilismo ideológico no permite abrir cauces nuevos en dos campos básicos: la «indisoluble unidad de la nación española» y el modelo económico capitalista reforzado en estos últimos años de crisis.

Los  partidos nacionalistas y otros  exigen  avanzar en la profundización democrática y van asumiendo entre ellos un talante de diálogo, aproximación y apoyo –con sus diferencias y distancias ideológicas y estratégicas– hacia el objetivo de la realización de los derechos con todas sus consecuencias. Así lo expresaba el lehendakari en su toma de posesión y la secretaria general de PSE auguraba «tiempos nuevos». La izquierda abertzale, por su parte, ha venido dando ya una decisiva evolución ideológica a partir de declaraciones de Anoeta, Altsasu, Aiete, Acuerdo de Gernika, el cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA, Alternatiben Herria…

También es necesario subrayar el protagonismo de los grupos sociales y populares para avanzar en el proceso ideológico para una evolución democrática, por el derecho a decidir, por la participación directa, por los derechos sociales, por la cultura vasca, por la ecología, por el feminismo, proponiendo y creando alternativas y formas diferentes de relación y solución de conflictos y de sus causas y, en última instancia, de una sociedad alternativa a la actual en Euskal Herria.

Sin embargo las ideologías políticas y el económicas dominantes en el  Estado español continúan encerradas en un modelo de Estado-nación, ratificado constitucionalmente, basado en la «patria común e indivisible» que reproduce la vieja ideología franquista de la unidad de España como bien superior e intangible y que debe ser mantenida con todos los medios. La misma Constitución no permite la expresión de su libre voluntad en la práctica del derecho a decidir. El ejército sigue siendo el garante de ese unionismo.

En el campo económico, la ideología neoliberal capitalista es la que conduce todas las decisiones políticas, sociales y laborales de los partidos que se han sucedido en el poder. En esta ideología que condiciona y guía las decisiones de gobierno, el  mercado y el capital tienen siempre la última palabra con las conocidas consecuencias de precariedad, pobreza, paro. En última instancia, lo político queda sometido a lo económico-capitalista. Todo suena a libertad para unos y a dependencia para la mayoría, provocando creciente injusticia social y desigualdad estructural.

Xosé Manuel Beiras lo denunciaba así: «… un pueblo sometido a espolio colonial, como el gallego, solo puede confiar en una mudanza de ciclo político en la que él mismo sea decisor soberano de sus actos: nada recibió nunca el pueblo gallego de la 'España eterna', y bien demostrado está ya que la autonomía otorgada hace un tercio de siglo no le ha servido para resolver ninguno de sus problemas endémicos, sean sociales, ambientales, económicos, culturales o lingüísticos. Menos aún  para emanciparse Galiza de su sempiterna condición de sierva. Todos los que decimos asumir y defender el derecho a la libre decisión de los pueblos/naciones del ámbito del Estado debemos, congruentemente, asumir ese postulado».

Tanto las ideologías de partidos nacionalistas catalanes, como gallegos y vascos articulan el reconocimiento íntegro de las personas y de los pueblos desde sus derechos individuales y colectivos para el desarrollo de su propia identidad. Su sentido y praxis implican el proceso hacia un nuevo marco de relaciones en todos los órdenes de la convivencia libre de las ataduras que niegan, impiden, atascan o dificultan nuevas posibilidades sistémicas. Proponen y desarrollan una forma de caminar y de relacionarse desde el reconocimiento y respeto de las personas y de los pueblos como sujetos  específicos de derechos,  con quienes los conflictos, diferencias y desequilibrios no se resuelven por la ley del más fuerte –en armas o en votos– sino por el diálogo, la negociación y el consenso.
 
Dentro las ideologías intransitivas no se puede recomponer el tejido desgarrado de la convivencia social sobre las bases de la verdad y de la justicia. La reconstrucción de las relaciones entre personas y pueblos debe tener una base ética que asuma la apertura a una búsqueda honesta, a la confianza y respeto del otro, a la mutua aceptación y reconocimiento, en especial de todas las víctimas. Esta referencia  ética implica la  búsqueda de nuevos estilos de relación. Es otro punto de vista y otra forma de interpretación, superadores de patrones anquilosados y de estereotipos. Niega la negación del otro y se sitúa en el punto de partida del reconocimiento pleno de las diferencias identitarias. Así será posible una auténtica transición hacia la democracia plena  que, analizando la injusticia contra  personas y pueblos, abre caminos desde la libre decisión de los sujetos y desde sus derechos  soberanos.

Afirma Vicens Navarro: «Cuarenta años de dictadura hicieron mucho daño a España y continúan haciéndolo. Y uno de estos daños es que continúa habiendo hoy en este país una visión de la historia de España (y de Euskal Herria, añado por mi parte) y de Europa muy conservadora, que no se corresponde ni con la historia real de España (ni con la vasca) ni con la europea. El hecho de que no haya habido una ‘desnazificación’ de España explica que predomine, a nivel popular, un franquismo sociológico que aparece incluso de vez en cuando en voces que se consideran o autodefinen de izquierdas».

Frente  a tales ideologías intransitivas, legitimadoras del poder y status quo establecidos, es evidente la necesidad de una recomposición y reorganización de relaciones dialogantes, tarea particularmente difícil y costosa en la actual conflictividad ideológica. Sin embargo es necesario superar la reproducción de polarizaciones generando alternativas nuevas en la pluralidad, donde la memoria íntegra, el relato honesto, la verdad, la justicia y el reconocimiento de las víctimas ocupen un lugar primordial. Estamos, por tanto, ante un desafío urgente para esta nueva legislatura en la CAV y en Nafarroa donde toda la ciudadanía debe implicarse –también la Iglesia vasca–  para lograr un cambio transformador desde ideologías abiertas, dialogantes, éticas.