Entre los ponentes constitucionales, tres ex-franquistas: Herrero de Miñón, Cisneros, Pérez Llorca (UCD), un socialdemócrata, Peces-Barba (PSOE), otro carrillista, Solè Turà (PCE), y un regionalista catalán, Miquel Roca. También estaba Fraga Iribarne, que no necesita presentación. Había salido indemne de su cohabitación con Franco. Y de la responsabilidad por la masacre del tres de marzo en Gazteiz. Detrás de estos siete, las componendas constitucionales las arreglaron los dos partidos mayoritarios, la UCD y el PSOE. Y mas concretamente las negociaciones entre Abril Martorell y Alfonso Guerra. En comunicación directa con sus jefes, Suárez y González.
   
Pero los constituyentes tenían mas defectos de fábrica. El primero, y mas escandaloso, que no hubiera ninguna mujer, cuando deberían de haber estado cuatro. Si tenemos en cuenta que había censadas unas 19 millones. Sobre un total de 37. O sea, algo mas de la mitad. Curioso y lamentable. Pero en aquellas mentalidades del patriarcalismo franquista, la mujer seguía siendo poco mas que el descanso del guerrero. Y, desde luego, menor de edad política. Tampoco había ningún negro, ningún obrero o campesino, ningún homosexual, ningún nacionalista vasco, catalán o gallego, ningún anarquista, ningún objetor de conciencia, ningún ex-preso político, ningún desahuciado por hipotecas, ningún pensionista, ningún parado, ningún interino, ningún estafado por los bancos, etc., etc. Es decir mas de la mitad del censo, con problemas muy serios, no tenía ninguna representatividad.  
   
Con esa «democracia», en un Parlamento donde sin embargo había 76 antiguos miembros de las Cortes franquistas, se engendró lo que se conmemora ahora. La ponencia actuó, además, al mas puro estilo franquista. En absoluto secreto. Sin público, sin periodistas, sin preguntas, sin debates que transcendieran. Sin informar de nada a los interesados. Ni a los diputados. Después, lo poco de representativo que pudo tener la Constitución, desapareció a medida que la pirámide demográfica se actualizaba. Y hoy todavía arrastra el escándalo, que a nadie parece importar mucho, de no haber sido votada por mas del 65% del censo electoral. Los nacidos después de 1960 no han podido votar la Constitución. Entre estos, gentes tan célebres como el Jefe del Estado, la vicepresidenta del gobierno o muchas de las actuales señorías parlamentarias. O sea, algunos que hablan siempre de «la democracia que nos hemos dado». Aunque, en realidad, es la que les han dado sus padres.  

Elegida una sola vez
 
La aceptación de la Constitución no fue entusiasta, por otra parte. Lo que tenía que haber sido una fiesta, con un abrumador Sí al texto, se quedó en un renqueante aprobado. Los votos favorables fueron el 59% del censo electoral. De 26,6 millones de electores, solo 15,7 dijeron Sí. Se abstuvieron casi 8 millones. Y mas de 2 fueron No, votaron en blanco o nulo. Todo esto, después de una campaña asfixiante en television, radio, prensa, carteles etc. Donde la presión del discurso político recordaba las coacciones ideológicas del franquismo. En este escenario, el caso vasco fue aún mas significativo. Los rechazos, superaron a los abrazos. La abstención, propugnada entre otros por el PNV, fue la opción preferida. Junto a los noes, nulos y blancos, sumaba casi 1,1 millones. Cuando el electorado era de poco mas de 1,55 millones. En el conjunto vasco (CAV mas Nafarroa) el rechazo fue notable: la abstención total fue del 55% y los noes, nulos y blancos el 14%. Lo que deja un escuálido 31% de votos a favor. Además, entre los que mas rechazaron el muro constitucional, estuvieron los gallegos y los vascos.
 
De otro lado, el paralelismo con Franco es sorprendente. El generalísimo fue también elegido. Aunque casi nadie lo sepa. Lo fue una sola vez. En 1936, en un barracón militar en Salamanca, por sus compañeros de armas. Y con eso le bastó. Le eligieron para tres años de guerra y se quedó treinta y seis de postguerra. Con la Constitución pasa algo parecido. Fue votada una sola vez, por menos del 60% de los llamados a filas. Sin embargo, se ha quedado a vivir entre nosotros. Contra nosotros. Contra las generaciones presentes. Que entonces eran las futuras. Se ha quedado, tal vez para siempre, como quería la oposición. Lo dijo Alfonso Guerra, exultante, «la izquierda ha conseguido la Constitución más progresista de Europa». Y Sánchez Montero, mito del PC antifraquista: «La Constitución culmina mi lucha por las libertades». Mientras Santiago Carrillo pedía el Sí, bajo pena de excomunión a los comunistas. Y González, uno de los principales beneficiarios, de aquel 6 de diciembre, declaraba entusiasmado: «¡Ojalá dure cien años¡». Nadie hablaba de la crisis de identidad, de sus militantes. Que tuvieron que aceptar el pacto con la derecha. Que se vieron obligados a reconocer al sistema capitalista, y aceptar la monarquía, instaurada por Franco, como «motor del cambio». Ponerla al frente del Estado y de las fuerzas armadas. Y que recibieron órdenes para maltratar sin contemplaciones, las reclamaciones independentistas. Cuando hasta entonces desfilaban detrás de pancartas por la agenciautodeterminación.

Qué es España?
 
La Constitución salvó el sistema capitalista español y, de paso, a la monarquía del franquismo. Garantizó la continuidad de los negocios, la explotación de los trabajadores y la desigualdad social. Entregó la Jefatura del Estado y de las FFAA, a los Borbones. Y también aseguró la inquebrantable unidad de España. La preocupación por salvar a España, se reflejó en los debates constitucionales. La palabra España se repitió 1.286 veces, en el Congreso. A mucha distancia, Euskadi-País Vasco con 387 o Catalunya con 366. Prueba de la inseguridad que el concepto España, ofrecía a sus señorías. Y de la necesidad de reafirmarlo en cada intervención.
 
La Constitución, sin embargo, no define qué es España. Se limita a reconocer «existencia». Pero no define su «ser». El art. 1º dice que España «se constituye en un Estado social y democrático de derecho…» Lo cual es una función. No una definición. No define qué es España, en cuanto nación. Por su dificultad evidente. Aunque constata que existe como Estado. Y de este reconocimiento, pasa al concepto de «soberanía nacional», adjudicándolo al pueblo español. Y, una vez que ha colado el concepto de soberanía nacional, convierte a España en una «la patria común e indivisible de todos los españoles». Pero todas las definiciones de España, que aparecen en la Constitución, son funcionales. Ninguna es esencial. Según la Ley, España existe, pero no es.

Esta indefinición lleva al contradictorio art. 2º. Donde se reafirma «la unidad de la nación española», y se admite la existencia de otras nacionalidades dentro de esta «unidad», sin citarlas por su nombre. A las que no se concede soberanía ni derechos nacionales. Esto representa el reconocimiento implícito de la ocupación y anulación arbitraria de los derechos de estas nacionalidades. Y un caso esquizoide de doble nacionalidad. Si los integrantes de las nacionalidades reconocidas, en este art. 2º, tienen una calificación nacional propia. Tienen otra, por su obligación de ser españoles. No es extraño que Solé Tura, arrepentido, dijera de este artículo, que simbolizaba el conjunto de contradicciones de la Constitución.
 
En todo caso, la ley reflejaba el miedo a la disolución de España, para dar paso a los territorios históricos naturales. Impedidos desde el s. XVIII (Catalunya) y el XIX (Euskadi). Si no hubiera existido este miedo y este problema de indefinición, porqué habría de encomendarse a las FFAA (artículo 8º) la defensa de la integridad territorial. Precisamente en un momento en que se quería, a toda costa, mantener al Ejército lo mas alejado posible de una intervención.

De una dictadura a otra

Si fuese verdad, como dice la Ley, que el pueblo es soberano la Constitución no tendría futuro. Porque el pueblo acabaría con ella, mas pronto que tarde. Pero esto no es así. Lo cierto es que la Constitución es una fuerza que ha secuestrado, durante cuarenta años, la voluntad ciudadana. Dejándola en manos del Tribunal Constitucional y de los grandes partidos. El PP no contempla ninguna reforma importante. Ciudadanos menciona alguna variación táctica, para reforzar el centralismo. El programa del PSOE apunta a un tímido progreso. Llamando Estado Federal al Estado autonómico, sin reconocer los derechos de las naciones ocupadas. En cuanto a Podemos, los retoques previstos servirían apenas para hacer menos indigesto el texto del 78. La reforma de la Justicia, una nueva ley electoral, la lucha contra la corrupción o el reconocimiento del derecho a decidir, son otros tantos intentos de continuidad del capitalismo asistencial y la descentralización territorial. Tan solo Izquierda Unida, sin fuerza alguna para imponerse, plantea la necesidad de cambiar la ley antigua y proponer una Constitución nueva y mas participativa.  

El panorama no puede ser mas pesimista, respecto a la posibilidad de acabar con una ley, que no representa a la mayoría. Que fue redactada hace cuarenta años, para salir de una dictadura y caer en otra. Y que nadie se propone sustituir. Porque quienes pueden solo piensan en rescatar al sistema, estabilizar el capitalismo y evitar enfrentamientos. Ningún partido busca otro modelo de crecimiento y desarrollo, que el del capitalismo de los años sesenta. Y por ahora, es impensable que las cosas mejoren. Salvo que las fuerzas de izquierda y los independentistas (si queda alguno) estén dispuestos a hacer algo mas que a viajar en el AVE, cobrando dietas. Escribía Monzón (EGIN-1979) que la diversión preferida de los españoles durante los dos últimos siglos, había sido levantarse en armas contra su propia Constitución. Era mejor y antes. Ahora no se levantan ni de sus poltronas.