Itziar Fernandez Mendizabal
Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia

Contra la impunidad

De quienes lanzan botes de humo o disparan balas de goma y, sobre todo, de quienes ordenan la acción –demasiadas veces criminal– al disparar de modo indiscriminado contra «bultos» que resultan ser personas.

No tenemos que ir lejos para comprobar que esa impunidad existe. Que, a pesar de abrirse procesos judiciales, la responsabilidad penal de los autores y sus «mandos» se escaquea, se dilata el procedimiento y, cuando el caso parece que ha perdido actualidad, se archiva la causa de «forma provisional», lo que casi siempre es sine die.
Hace ya casi 5 años, que nos falta Iñigo Cabacas. A pesar de estar identificados los autores de los disparos que causaron su muerte, probado que los ertzainas alertaban del posible riesgo de atentar contra las personas… todavía, ahora, se está peleando para que no se archive la causa.

Pues bien, bastante más abajo mañana hará 3 años que en la playa de El Tarajal en Ceuta, la guardia civil lanzó botes de humo y disparó pelotas de goma contra un grupo de migrantes que, en aguas territoriales españolas, nadaban desesperadamente para alcanzar la playa. Consecuencia, mataron al menos a 15 personas y otras muchas resultaron heridas. Esta, que no debe ser una operativa excepcional, fue grabada por personas civiles de Ceuta, lo que puede comprobarse en un video que permitió la apertura del sumario que ¡como no! tras un proceso vergonzoso y mentiras a tutiplén del ministro del Interior, incluso en sede parlamentaria, fue archivada.

Las ONGs que inicialmente denunciaron, no han desistido. Ante sus recursos, la Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado reabrir la causa de las muertes por la que fueron imputados 16 guardias civiles. La escasa búsqueda de testigos o «las prisas innecesarias» en el entierro de los cuerpos sin hacerles la autopsia, con lo que algunos no están identificados, son, según el Auto, algunos de los errores detectados en la instrucción ante el juzgado de Ceuta. El Auto exige agotar las pesquisas porque «nada excusa la dejadez al investigar cualquier hecho, pero mucho menos cuando la vida de las personas se haya podido ver afectada por la actuación de agentes, como los de la Guardia Civil». Echa por tierra las conclusiones del juzgado, que alegaba que los inmigrantes «no eran personas en peligro en el mar» y «asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche». ¿Avalancha nadando? Si muchas de esas personas era la primera vez que veían el mar.

Igualmente, aceptaba como eximente la «obediencia debida», obviando que ésta sólo cabe como defensa cuando quien cumple la orden piensa que es legítima –no necesariamente legal– y, si sabe que no lo es, que no se le pueda exigir una conducta distinta y haya actuado de buena fe. En este caso, como en el de Cabacas, resulta particularmente relevante que estructuras jerarquizadas públicas, que tienen el monopolio del uso de la fuerza –la policía y las fuerzas armadas–, incurran en conductas que afectan bienes jurídicos esenciales como la vida, la integridad personal o la libertad de circulación de las personas, por lo que, al tratarse de agentes del poder público, sus acciones pueden ser calificadas de violaciones a los derechos humanos.

Desde Ongi Etorri Errefuxiatuak, hemos participado en la IV Marcha por la dignidad en Ceuta y mañana nos manifestaremos en Bilbao, Donostia, Gasteiz e Iruña denunciando la impunidad de los responsables políticos y agentes que realizan estas actuaciones contra las personas migrantes y refugiadas.

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