Su estrategia basada en la partitocracia les ha incapacitado para lograr acuerdos y nuevos caminos de política alternativa y convincente para la ciudadanía, para su bienestar y seguridad. Más que construir desde bases éticas y sociales, se han dedicado a atacarse. Más que a buscar respuestas a las necesidades urgentes de una economía deteriorada y de una ciudadanía desengañada, se han enfrentado en una dialéctica inútil desde sus inamovibles objetivos partidistas. No han mirado con honestidad la precariedad de millones de personas, la pobreza extendida, la desesperación de quienes no pueden encontrar una mínima seguridad que garantice su futuro.

Mientras las entidades financieras acrecientan sus ganancias y una minoría creciente sigue acaparando los beneficios de una llamada crisis que nunca termina, los políticos sostenidos con ese dinero que garantiza su estatus mantienen y afianzan un capitalismo neoliberal cuyas consecuencias conducen cada día a mayores desigualdades injustas.

En última instancia en los tediosos discursos parlamentarios de los grupos dominantes subyace la ideología del pensamiento único capitalista que sostiene la ideología de que la humanidad entera, el mundo y su ecosistema giran atraídos por el centro del dinero y por su beneficio excluyente, generador de continuas injusticias sociales.

Tal como lo han mostrado los dos fracasados procesos electorales, no hay voluntad de cambio en los partidos mayoritarios y sus satélites. Continúan, en definitiva, sometidos a las leyes neoliberales que hacen cada día más insoportable e inviable el «orden» impuesto al mundo actual. La política dominante se ha alejado de la sociedad y ha elaborado un imaginario ideológico a la medida de sus intereses partidistas. Un cínico maquiavelismo conduce la estrategia que garantiza la partitocracia, incapaz de responder a los problemas reales e impone las demandas consumistas donde el tener y acumular es lo que cuenta.

Dentro de este contexto político todo parece diluirse en una levedad y superficialidad insultantes e insoportables ante el sufrimiento de tantas personas, ante su inseguridad y desconfianza en un Estado cargado de una deuda impagable. Sus propuestas de modernidad y progreso, sus avances –tan aireados por su presidente en funciones– dentro del voraz capitalismo se diluyen como niebla en un bochornoso día de verano. Sus promesas, emanadas del sistema neoliberal, hacen aguas tal como lo denuncia Zygmunt Bauman, quien denomina «líquida» a esta sociedad que «no puede mantener su forma y donde en todas las instituciones… hay una sensación de liquidez total».

En este contexto estatal tienen lugar los procesos electorales autonómicos de una parte de Euskal Herria –la CAV– y de Galiza. El abanico de partidos ofrece entre nosotros un panorama diferente. No faltan, ciertamente, quienes tratan de ser correa de trasmisión del sistema estatal imperante. Su discurso es cada vez más irrelevante entre nosotros; pero no puede soslayarse pues se apoya en el poder central que controla las claves económicas y políticas en cuyo marco se constituyeron las autonomías del Estado para garantizar la dependencia de los pueblos e impedir todo proceso de autogobierno eficaz y progresista y, sobre todo, de independencia.

Sin embargo en el arco electoral de la CAV son mayoritarios los partidos, coaliciones y movimientos que plantean y ofrecen alternativas, aunque con distintos modelos y diferencias decisivas para la ciudadanía vasca y el futuro de Euskal Herria. Unos se mueven en el ámbito en una democracia posibilista que trata de conseguir, con ciertos logros, avances sociales dentro de una sociedad del bienestar. Pero sin salirse del marco de un capitalismo que, en última instancia, marca sus límites, controla sus aspiraciones y conlleva desregulaciones laborales de graves consecuencias para la clase trabajadora.

Otros ofrecen alternativas a este sistema desde planteamientos innovadores, con objetivos compartidos, pero también con diferencias significativas sobre el modelo de relación de Euskal Herria con el Estado. Abogan por una sociedad igualitaria y compartida, guiados por los derechos sociales que garanticen el reparto equitativo de la riqueza y un trabajo digno. Buscan trascender el pensamiento único e intransigente para abrirse  a una cultura y ética de la solidaridad que desarrolle un orden económico desde la justicia social. Determinados partidos, movimientos y grupos reivindican la recuperación de los auténticos valores de personas y pueblos, su cultura e identidad. Apuestan, en última instancia, por superar los modelos políticos dominantes y un sistema capitalista sin futuro que sustenta un Estado autoritario, unionista y colonizador, para lograr otras relaciones desde la realidad de cada pueblo, de sus derechos colectivos, de su libre decisión y autodeterminación.

El auténtico desafío al que deben responder los planteamientos electorales en estas elecciones autonómicas está en demostrar su capacidad y eficacia para promover un cambio de sistema y colaborar a la construcción de una sociedad diferente, alternativa a este mundo licuado, agotado y vaciado por una explotación que ha llegado al fondo de su existencia. Basados en valores de autenticidad, de libertad, de decisión libre, de participación sin vetos políticos, deben apostar por crear relaciones liberadoras  de solidaridad democrática, que son las únicas capaces de abrir caminos consistentes de esperanza para construir una convivencia digna  en una sociedad justa y en un pueblo libre y soberano.

Una gran parte de la  ciudadanía vasca reclama desarrollar otra política que promueva y apoye la dignidad de las personas y sus obligaciones cívicas responsables y  compartidas, los derechos y autodeterminación de los pueblos desde su soberanía –como lo ha ratificado con contundencia la Diada–, la supresión de amenazas, agresiones y violencias de todo tipo, el reconocimiento de todas las víctimas, la solución justa al problema de las presas y presos vascos para la resolución del conflicto y la realización de una paz basada en la justicia integral.

Es el desafío ante unas elecciones para recuperar la credibilidad y la confianza ciudadanas y promover la movilización que conduzca a un avance decisivo del conjunto  de Euskal Herria desde una democracia participativa basada en los derechos humanos individuales, sociales y colectivos.