Profesor emérito de la UPV/EHU
Desarme, sociedad civil, esperanzas

El desarme de Baiona del 8 de abril ha sido el triunfo de la sociedad civil, sobre todo la del Norte vasco, que con su entusiasmo, prudencia y buen hacer ha contagiado al resto de Euskal Herria, resolviendo un tema peliagudo, el de desarme, que el gobierno español quería convertir en el refrendo de su relato de vencedores y vencidos y en el colofón de su estrategia de humillación de estos últimos.

2017/04/14

Estrategia a la que bien podría definirse con la famosa frase de Franco, citada recientemente entre nosotros: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo (cámbiese este adjetivo por el de “terrorista”) han alcanzado las tropas nacionales su último objetivo. La guerra ha terminado». La idea era la de una larga guerra de trincheras, en la que las gloriosas tropas policiales hubieran ido conquistando depósitos de armamento como objetivos militares que nadie iba a defender, pues sus antiguos usuarios habían renunciado a las armas; con lo que se seguiría engrosando indefinidamente el número de presos y presas vascas.

Tras la vejación sufrida por los prestigiosos miembros del Comité Internacional de Verificación en febrero de 2015 había que pensar en otra vía para la entrega de las armas. ¿A quién hacerla? ¿A los partidos vascos del sur divididos en tantos aspectos, que además, según cuales fueran, hubieran acabando con más militantes en la cárcel? ¿A las instituciones vascas? ¿Podría alguien garantizar que no fuesen también ellas interferidas y manipuladas por el gobierno de España?

Quedaba Ipar Euskal Herria, no sólo como la mejor, sino como la única de las opciones. Existe aquí una auténtica sociedad civil auto-organizada, con probada solvencia en la realización de sus iniciativas –véase la Laborantza Ganbara– y su capacidad de movilización en pro de su autogobierno, una sociedad nada sectaria que ha borrado la línea divisoria entre abertzales y no abertzales, con líderes reconocidos que gozan de gran prestigio en Hego Euskal Herria y un fluido contacto con las autoridades institucionales de Iparralde, así como con personalidades sociales y políticas de Francia.

Sin gente como Berhokoirigoin y Etcheverry, así como el Presidente de la Mancomunidad vasca, Etchegaray, nada de lo ocurrido hubiera sido posible. Los acontecimientos de Luhuso del 13 de diciembre pasado dieron a conocer la existencia de esta red, que se proponía, con gran riesgo personal, facilitar a ETA su voluntad de desarme.

Su detención tuvo una serie de efectos inmediatos. El primero fue generar en el Norte vasco una oleada de solidaridad, con el firme propósito de las élites sociales, políticas, laborales y culturales del país de llevar a cabo este proyecto. El segundo fue el de facilitar una serie de tomas de contacto con distintas instituciones al más alto nivel (el Comité Internacional de Verificación, el gobierno francés –del que ahora se ha sabido que existían contactos discretos e indirectos desde hacía dos años–, la Mancomunidad Vasca del Norte, los gobiernos vasco y foral navarro, el Vaticano), para hacer posible lo irremediable. Hasta el gobierno español, que decidió no buscarse inútilmente conflictos internacionales, asintió dando la respuesta por callada.

El tercero ha sido el asentimiento prácticamente unánime del Sur vasco (salvo el PP) a la iniciativa cuando ésta se dio a conocer. Este ha adquirido distintas expresiones: ha habido un acuerdo de las instituciones vascas, ya que la iniciativa se ajustaba a su idea de desarme completo, ordenado y sin contrapartidas. El papel discreto del Lehendakari ha sido sin duda decisivo para tranquilizar al gobierno francés, conseguir a regañadientes el asentimiento pasivo del gobierno español, e implicar también discretamente al Vaticano, con el envío del arzobispo Mateo Zuppi. Se consiguió también la presencia del sacerdote norirlandés metodista Good. También han sido indispensables los buenos oficios de Etchegaray ante las autoridades francesas. Que ello haya podido molestar al episcopado vasco es indudable, aunque no se puede decir que se haya puenteado en un asunto a quien nada ha querido saber de él; que también haya molestado a la Santa Sede es una pura invención de cierta prensa.

Los acontecimientos del 8 de abril se han ajustado escrupulosamente al guión previsto. Un representante de los “artesanos de la paz” entregó a primera hora de la mañana en el consistorio de Bayona los documentos sobre la localización de los depósitos de armas (tres en Iparralde, otros cinco cerca de su territorio), los que a través de la CIV fueron puestos a disposición de la fiscalía. Acto seguido, la policía francesa, con un número prácticamente igual al de los 172 voluntarios (entre ellos un eurodiputado y varios parlamentarios de la Asamblea Nacional francesa, a los que identificaron con una actitud respetuosa), ha confiscado el armamento.

A las 15:30 comenzó la fiesta en la plaza de Paul Bert (o de St-André) de Baiona, precedida por la lectura del Manifiesto en francés, inglés, euskera y castellano, en el que se expresó el mayor cariño y respeto por todas y cada una de las víctimas. Las instituciones no estuvieron presentes, pero sí la izquierda abertzale, y representantes del PNV y de Podemos.

Los y las asistentes, lejos de sentirse humillados, estaban contentos y emocionados. Las armas se las entregaba ETA a ellos y ellas, porque le habían pedido que se desarmara, y porque la entrega de las armas al poder judicial se hacía con su acuerdo. Empezaba una nueva era sin violencia desde abajo. Todo intento del gobierno español de extender la sombra de un sentimiento de derrota se había evaporado.

La reacción de los dos gobiernos español y francés ha diferido profundamente. Ambos han coincidido en resaltar, como es lógico, el papel de sus fuerzas policiales y del poder judicial en este resultado. Pero a partir de aquí los discursos han divergido por completo. El ministro francés de Interior, Fekl, al unísono con el presidente del gobierno Cazeneuve, ha afirmado que se trataba de un día importante y de un gran paso para el desarme unilateral.

El discurso del ministro español de Interior, Zoido, no ha cambiado un ápice: la banda terrorista ha sido derrotada por las FSE y no debe esperar ningún trato de favor ni la impunidad de los delitos.

El lehendakari la ha calificado de paso fundamental y de escenario mejor, pero desprovisto de toda épica. Lo cual cae por su propio peso, porque como todo el mundo sabe la literatura épica es desde tiempos de Homero una literatura de guerreros que enaltece a guerreros, lo cual no tiene sentido en el nuevo escenario.

El discurso institucional ha tendido a relacionar a las víctimas solo con los atentados de ETA. Puede tener una explicación en que todo se ha centrado este día en el desarme de esta. Pero una vez concluido (felizmente), debe volverse al discurso que gobierno y parlamento vascos han ratificado. Y es que víctimas hay en los dos lados, mucho más numerosas las víctimas de atentados mortales perpetrados por ETA que las de las FSE y los grupos parapoliciales; pero las víctimas de torturas lo han sido en exclusiva de estos grupos citados.

Se ha afirmado por activa y por pasiva que nunca debiera haber habido víctima alguna. Esto es una convicción hoy en día unánime, con la que estoy por completo de acuerdo. Convicción por cierto que se empezó a abrir camino en la primitiva Herri Batasuna ya a principios de los años 80 –algo se yo de eso–, que se hizo ampliamente mayoritaria en el seno de ésta este fines de los años 90, y que se convirtió en el objetivo a conseguir, resuelto con mano firme, por el actual equipo dirigente de la izquierda abertzale.

También hay que asentir a la afirmación de que ahora queda la verdad. Pero esa verdad –y eso lo saben muy bien socialistas, comunistas y nacionalistas vascos– incluye que aquí en Euskal Herria, como en todo el Estado, hubo durante 40 años un régimen asesino al que en la transición ni se le pidieron responsabilidades ni fue depurado. Aunque ello no justifique en modo alguno la violencia de ETA, el régimen posterior siguió aplicando de modo continuista la tortura, y puso en pie un sistema penitenciario y penal de una dureza sin parangón en Europa; criticado por cierto cada vez con más fuerza por sectores crecientes del poder judicial español.

Debe añadirse a ello que el número de personas vinculadas a los sucesivos gobiernos españoles condenadas por hechos violentos es ridículamente pequeño. Por supuesto, ninguna de las condiciones que se están exigiendo a los presos vascos se les ha exigido nunca a ellos: que se desarmen, que se disuelvan, que pidan perdón a las víctimas, y que colaboren con la justicia.

Lo que piden las asociaciones de defensa de los presos y presas vascos no son beneficios, sino el fin del exceso de crueldad y el restablecimiento de la democracia en los ámbitos penal y penitenciario.

Esperemos que, como decía el sacerdote irlandés Good, el desarme completo «sirva para ir acercando a casa a los presos y presas».

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