Diego Idoate
Miembro del colectivo Internazionalistak Auzolanean en Iruñea

Esta ocupación parece no tener fin

El movimiento BDS seguirá hasta que Israel desaloje las tierras que ocupa ilegalmente desde 1967, permita el regreso de los más de cinco millones de refugiados palestinos (el país con mayor número de refugiados del mundo) y otorgue plenos derechos a los ciudadanos palestinos de Israel

Desde el siglo XII, frente al Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén, se levantaban más de doscientas casas que formaban el barrio magrebí. El 10 de junio de 1967, el general Herzog ordenó a sus hombres que demolieran todo el barrio para crear frente al muro una plaza en la que tuvieran cabida simultáneamente los cientos de judíos que acudirían a rezar allá.

Herzog reconocería más tarde que ni tenía permiso para llevar a cabo la demolición ni se había tomado la molestia de pedirlo. Los oficiales recorrieron el barrio informando a las personas residentes de que debían desalojar sus hogares en dos horas. Ciento treinta y cinco familias árabes, unas 650 personas, fueron obligadas a abandonar sus casas antes de que los buldóceres comenzaran su labor. En 1999, el comandante Eitan Ben-Moshe, oficial a cargo de la demolición, contó en una entrevista que «al terminar de demoler el barrio encontramos algunos cuerpos de residentes que se habían negado a dejar sus hogares». Sencillamente, fueron enterrados vivos bajo los escombros.

Se cumplen ahora 50 años de la ocupación, por parte de Israel, de las tierras palestinas de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza y del Golán sirio. La violencia contra la población palestina, y la vulneración sistemática de sus derechos humanos, como ocurrió con los habitantes del barrio magrebí, han sido constantes. Israel incumple con absoluta impunidad decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea de la ONU. Israel ignora también las normas recogidas en el IV Convenio de Ginebra, relativas al traslado de población forzosa de las tierras que ocupa o a las deportaciones.

Ya son más de 600.000 los colonos que viven en ocupamientos de Jerusalén este y Cisjordania, que gozan de carreteras de uso exclusivo y tienen libertad de movimientos. La población palestina ve cómo sus recursos hídricos y sus mejores tierras son explotadas por los colonos, y desde 2002 se levanta en Cisjordania un muro de entre 6 a 8 metros (más alto que el de Berlín) de más de 700 kilómetros de longitud.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó en julio de 2004 que dicho muro era ilegal y pidió su derribo, requerimiento del que Israel ha hecho caso omiso. Las tierras palestinas son ocupadas y fragmentadas haciendo inviable la existencia de un estado propio. Las colas en los checkpoints y la arbitrariedad de las tropas israelíes en los controles dificultan la vida de las y los palestinos. 

Recientemente, más de mil presos palestinos han llevado a cabo una huelga de hambre pidiendo el fin de los aislamientos, de las detenciones administrativas (no se presentan cargos ni tienen fecha de juicio) y de las torturas a las que son sometidos.

La franja de Gaza sigue siendo cruelmente bloqueada desde hace diez años. Su espacio aéreo y marítimo está bajo control militar israelí, su aeropuerto, construido con dinero de la UE, fue destruido y sigue sin construirse el puerto que en los acuerdos de Oslo Israel prometió. La entrada de bienes y materiales, incluso el suministro de agua y electricidad, siguen dependiendo de los permisos israelíes.

Frente a todos estos desmanes la comunidad internacional actúa con desidia, o incluso con complicidad. Así, lejos de sancionar al Israel por sus ilegalidades, la Unión Europea le concede un trato de favor en sus relaciones comerciales. De ahí que la sociedad palestina lanzara en 2005 la campaña BDS: boicot, desinversiones y sanciones a Israel, emulando el movimiento que acabó con el racismo institucionalizado en Sudáfrica.

El movimiento BDS seguirá hasta que Israel desaloje las tierras que ocupa ilegalmente desde 1967, permita el regreso de los más de cinco millones de refugiados palestinos (el país con mayor número de refugiados del mundo) y otorgue plenos derechos a los ciudadanos palestinos de Israel.

La resolución 242 del Consejo de Seguridad de noviembre 1967 exigía a Israel retirarse de las tierras que había ocupado en el mes de junio. Medio siglo después, el relator de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos, Michael Lynk, a quien Israel no permite acceder a Gaza y Cisjordania, recordaba en Ginebra que las ocupaciones militares suelen ser temporales y de corta duración. «Pero esta ocupación, después de cinco décadas de castigos colectivos, confiscaciones de propiedad y restricciones a la libertad de movimientos», concluía, «parece no tener fin y endurecerse».

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