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La mochila sangrienta de Martín Villa y el PP

El 28 de junio, el Congreso condecoró de la mano del Rey a Martín Villa como prohombre de la Transición, cuando está imputado por delitos de lesa humanidad por la jueza María Servini, de la querella argentina. El acto refleja perfectamente el punto en que está anclado el PP; la impunidad que alberga de siempre.

2017/07/18

Al encarársele en el pasillo del Parlamento familiares de las víctimas del 3 marzo, el exministro condecorado no se arrugó un pelo y se escudó donde siempre: «Yo no era Ministro de Gobernación… No quiero parapetarme en la amnistía de 1977... Sí quiero declarar ante la jueza argentina…». ¿Quién te lo impide hacerlo?

Los 5 obreros asesinados y 100 heridos en la asamblea obrera de Gasteiz, siendo ministro de Relaciones Sindicales, no son los únicos que obran en la cuenta de Martín Villa. Nombrado ministro de Gobernación el 7 de julio de 1976, su mandato acumuló más de 40 muertos y muchos heridos. A dos días de su nombramiento fue asesinada María Norma Menchaca por agentes parapoliciales, al final de una manifestación pro amnistía en las fiestas de Santurtzi. En las fiestas del 8 setiembre en Hondarribia cae fulminado Jesús Maria Zabala por tiros de la policía en un callejón.

Especialmente sangrienta fue la segunda Semana por la Amnistía, del 8 al 12 de mayo del año siguiente, en la que se le contabilizan 9 muertos y 11 heridos en Euskal Herria y 25 muertos en España, amén de decenas de detenciones, 4 casos de denuncia de torturas, etc. Sucesor de Fraga («La calle es mía»), a Martín Villa le apodaron «la Porra de la Transición». Sin embargo, ni los medios locales, ni los de la península han reparado en la abultada lista de sucesos criminales en su haber. Carlos Slepoy, abogado de la querella argentina recién fenecido, puso gran interés en incorporar a la querella, en febrero de 2015, en el Consulado argentino de Madrid por videoconferencia, a cinco de estos testimonios, que estrechan de modo definitivo el cerco en torno al arrogante imputado.

Veamos algunos. El día 12 en Orereta, la Guardia Civil abrió fuego real contra la multitud, matando a Rafael Gómez Jauregui, de 72 años, e hiriendo de bala a otras 7 personas, dos en estado crítico. El viernes 13, José Luis Cano Pérez, natural de Orereta, recibió un disparo en la nuca tras ser golpeado en Iruñea por la Policía Armada. En Orereta, Gregorio Marichalar Ayestarán, de 63 años, fue tiroteado en el pecho en el balcón de su casa, muriendo a los diez días.

El 14, en Iruñea, Luis Santamaría Miquelena, de 72 años, falleció de infarto a consecuencia de los impactos de bala en su balcón. El día 15, Manuel Fuentes, de 30 años, cae fulminado en Ortuella por disparos de la Guardia Civil al salir de un bar tras una despedida de soltero. La última muerte en esta semana trágica, claro exponente del sadismo y la impunidad dominantes, fue la de  Francisco Javier Núñez, golpeado por antidisturbios el día 15. Al acudir al Palacio de Justicia a denunciar lo ocurrido, varias personas le secuestran a la salida, le propinan una paliza y le obligan a ingerir coñac y aceite de ricino reventándole el hígado. Todas las sospechas recaen sobre agentes de la comisaría de Indautxu. Hospitalizado, murió a los días.

Corresponde también a su mandato la muerte de Germán Rodríguez en los sanfermines de 1978 a tiros de la policía. Las órdenes de «tirar a matar» en la plaza de toros y cercanías coinciden con las dadas contra la asamblea obrera de Gasteiz. No es coincidencia, era la norma. Es el Estado obligado a sembrar el terror para sostener el régimen que tambaleaba. El denominador común de la necrología macabra es que nunca se dirimieron las responsabilidades políticas y judiciales. En los juicios, cuando los hubo, se aducía desconocer el autor material de quien provenía la bala asesina.

Como ministro de Gobernación, Martín Villa debe asumir la responsabilidad política de la serie de luctuosos sucesos en su mandato. Las víctimas de la violencia del Estado siguen sin ser reconocidas tras 40 años. La condecoración define perfectamente la postura del Gobierno: galardonan a la sobreviviente más relevante, sin solución de continuidad del régimen franquista. Ante esto, las declaraciones de los jóvenes peperos de la CAV –«yo personalmente condeno la guerra y la dictadura franquistas»–, no ofrecen ninguna credibilidad. Donde deben presentar la condena es en las Cortes de Madrid. Pero la impunidad sigue elevada a principio de Estado.

Mientras, Martín Villa persiste en sus balandronadas. A las víctimas del 3 Marzo: «No me importa ser juzgado por responsabilidades políticas. Pero en ninguna manera soy corrupto». ¡Vaya jerarquía de valores! ¿Prefieres el crimen a la corrupción? Pues, en cuanto a lo primero estás reclamado por instancias internacionales, y en cuanto a lo segundo, eres el campeón de las puertas giratorias, por ejemplo, al frente de Endesa que privatizaste. ¿Mayor corrupción política?