Y esto por dos razones fundamentales: por el oportunismo y falta de rigor del Partido Popular del País Vasco, con el Sr. Maroto al frente, cuestionando un Sistema de Protección modélico del que nos hemos dotado en Euskadi por un lado y, por otro, por considerar que el debate que están alimentando día a día puede traer consecuencias de fractura y desigualdades sociales, que ponga en riesgo la cohesión y convivencia ciudadana en nuestro país.

La Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social no fue una improvisación, sino el resultado de un largo proceso seguido en Euskadi, iniciado con el Plan de Lucha contra la Pobreza de 1989 que estableció el primer sistema complementario impulsado por un gobierno autonómico, y que ha sido seguido por muchas otras CCAA. Tras este Plan vino la Ley contra la Exclusión Social de 1998, evaluada y debatida por los partidos políticos y por colectivos sociales y profesionales. Tras el debate y una clara voluntad del Gobierno presidido por el lehendakari Ibarretxe, surge la citada ley, aprobada en el Parlamento Vasco y que contó con los votos del PP.

Según las evaluaciones efectuadas por el Gobierno Vasco, el Sistema de Protección Social Vasco –RGI/PCV/AES– «no solo contribuye a una salida importante de colectivos de la pobreza, sino que lo hace de forma creciente en términos absolutos respecto a 2008» sic… «el principal elemento que contribuye a la prevención de la pobreza en Euskadi sigue siendo el sistema de garantía ingresos de la CAE..».

Gracias a este sistema de protección, la pobreza en Euskadi se aleja de las tasas de otras CCAA, y se encuentra entre los territorios europeos más igualitarios. Según datos de 2012, el indicador relativo a las personas en hogares sin recursos para hacer frente a un gasto extraordinario en Euskadi es el 16,9%, frente a Madrid, que es el 38%, o el 38,9% en Cataluña. En definitiva, el sistema  de protección vasco en sus 25 años de existencia ha conseguido que los niveles de pobreza del País Vasco se sitúen entre los más bajos de la UE.

El éxito de este impacto contra la pobreza ha sido posible gracias al tratamiento integral que se hace desde la RGI de la pobreza y de la exclusión social, conjugando el derecho de las personas a una prestación económica para cubrir dignamente sus necesidades básicas y el derecho a disponer de los mecanismos de activación sociolaboral, que posibilite igualdad de oportunidades en el mercado laboral.

Las propuestas lanzadas por el Sr. Maroto no mejoran la norma ni terminan con los supuestos abusos. Su objetivo es claro: quiere implantar un modelo de política social asistencial y punitiva que no tiene nada que ver con las políticas sociales del bienestar propiciadas por los estados sociales y democráticos, basadas en la protección e incorporación social de las personas sin recursos económicos y excluidas socialmente, orientadas a la creación de oportunidades para quienes no las han tenido y posibilitan un acceso a los derechos sociales de los que se han visto marginados. Clara manifestación del carácter punitivo del modelo que propugna es la obsesión en identificar el uso de un derecho con fraude generalizado, estigmatizando a las personas en situación de necesidad.

Definir nuestro sistema de protección como fracasado y abusivo, cuando está demostrado su efecto de choque contra la pobreza, al reducir la pobreza en un 37%, solo se entiende desde el propósito de desmantelamiento del sistema de Renta de Garantía de Ingresos, eslabón fundamental del Estado del Bienestar, contra el que arremete el neo-liberalismo en nombre de la crisis y de la racionalidad del gasto.

Identificar o confundir las prestaciones por desempleo con la RGI es un grave error. La RGI está diseñada para proteger situaciones de necesidad, y las prestaciones por desempleo están vinculadas al trabajo y a la cotización del trabajador o trabajadora. Por tanto, son sistemas diferentes que se complementan y perfeccionan en el objetivo de protección y de incorporación sociolaboral. No son lo mismo y preocupa que su pretensión sea precisamente hacerlas coincidir para a continuación plantear que si las condiciones de acceso a los dos sistemas son similares, sobra la RGI. ¿Qué alternativa va a dar el PP a quienes no han podido o no pueden entrar en el mercado laboral y están en situación de necesidad, o a tantas personas jóvenes que se ven imposibilitadas a tener su primer empleo o a mujeres con cargas familiares?

Alarmante es también la propuesta de que quienes perciben la RGI puedan trabajar en beneficio de la comunidad. La propia Ley 18/2008, para la garantía de ingresos, tal como reconoce la exposición de motivos, «tiene como centralidad el empleo», herramienta necesaria para la incorporación social. Considera el trabajo como el medio por excelencia para la afirmación de derechos y obligaciones de ciudadanía. Pero el trabajo que se fomenta desde esta Ley, hace referencia a la formación profesional, a la orientación, a la intermediación y al empleo social protegido. Consecuentemente, se deduce que cualquier propuesta que se haga de activación de los perceptores de la RGI debería estar comprendida en estos procesos continuados dirigidos a los objetivos de incorporación señalados. El trabajo a la comunidad no debe ir orientado a realizar trabajos que supongan ahorro para las administraciones, por ejemplo limpiar las calles de nieve o pintar los bancos del Parque de la Florida, y menos con las actuales tasas de paro. Estos trabajos desvían al perceptor de sus obligaciones de formación para un empleo normalizado y crean círculos viciosos  que solo conducen al mantenimiento de la dependencia administrativa, y es causa de una nueva pobreza dependiente de las subvenciones del gobierno de turno y muy vinculada a la pobreza cronificada de generaciones.

Decíamos al inicio que la Ley de Garantía de Ingresos no fue una improvisación, sino consecuencia de la evaluación y debate de la lucha contra de pobreza de muchos años, y de los cambios sociales y económicos que en ese tiempo sucedieron. Es posible que el sistema requiera de mejoras continuas y corregir algunos problemas de gestión. También habrá que superar algunas interpretaciones restrictivas que contradicen sus propios fundamentos, que no son otros que proteger situaciones de necesidad de la ciudadanía vasca. Ninguna situación de necesidad debe quedar fuera o al margen de este sistema de protección. Consecuentemente el Sistema de Protección Social Vasco deberá ser también evaluado y sobre todo debatido por los partidos políticos, con los usuarios y usuarias, los colectivos sociales y económicos, con el tercer sector y con las y los profesionales. Pero este debate debe ser sereno, reposado, basado en datos, realizado con rigor y no mediatizado por la proximidad de elecciones.

Sr. Maroto, Sres. del PP: Desde que iniciaron su cruzada, en principio contra el fraude en las ayudas sociales, señalando a un colectivo en particular, hasta la presentación de sus siete propuestas, todo huele a periodo electoral. Su denuncia del fracaso del modelo vasco de protección social sin aportar datos y la utilización del fenómeno migratorio como arma electoral, además de inmoral e injusto, puede generar consecuencias muy negativas para la cohesión y la convivencia. Es preciso remarcar que la «maldad» de algunos no hace buena cualquier actuación y que el sufrimiento injusto no otorga cualidad en política, aunque pueda proporcionar un puñado de votos.