Este hecho, que inexorablemente impele al torturador a situarse fuera de la especie humana, es más aterrador y pavoroso que cualquier otra situación en la que se pueda ver inmerso un ser humano, bien sea como consecuencia de actos cometidos por otros congéneres, por ejemplo, guerras, vandalismo, terrorismo, violencia racista, xenófoba, homófoba, de género…, o como consecuencia de padecer los efectos devastadores de fuerzas incontrolables de la naturaleza: riadas, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas… Nada de todo ello puede ser comparable a la situación de verse aislada, incomunicada, absolutamente desprotegida, desvalida, sin el más mínimo indicio objetivo y real de una posible y tangible ayuda, por mínima que ésta pudiese llegar a ser.

La persona sometida a tortura sabe que nadie conoce su paradero, que esta sola, completa y absolutamente aislada, sin ninguna posibilidad de poder recabar ningún tipo de ayuda ni socorro. Es consciente de que su integridad psicológica y física, que su estado emocional, que sus derechos inalienables, como ser humano, van a comenzar a ser literalmente pisoteados, triturados, aniquilados; que todo su ser se encuentra a merced de una serie de individuos que desde el mismo momento que aceptaron - convencidos, sonrientes o impasibles - semejante cometido inhumano, degradante y execrable se adscribieron, sin saberlo, a una subespecie que continúa siendo investigada, analizada y estudiada por la zoología y la antropología; ya que llegado a ese estado psicosociológico de depravación y alienación a la psiquiatría y a la psicología se les tiene que hacer absolutamente imposible analizar, estudiar y catalogar una conducta tan increíblemente ajena a la descripción de ser humano que a lo largo de los siglos, se fue haciendo, del homo sapiens, desde los diferentes ámbitos académicos.

En el caso de una conflagración bélica, por ejemplo, una persona arrastrada por las consecuencias terribles y brutales que se desatan en esas circunstancias, siempre podrá albergar el bálsamo de la esperanza de que el bando en el que milita se preocupe sobre su paradero, su estado o situación. Podrá reconfortar su ánimo, ilusión y confianza en un posible canje de prisioneros, que se establezca un armisticio que finalice las hostilidades, que su bando salga del conflicto victorioso, etc. En el caso de encontrarse inmersa, esa misma persona, ante un cataclismo natural, producido por inundaciones, por violentos movimientos sísmicos, por huracanes, tifones, etc., siempre podrá albergar la esperanza que los equipos de rescate den con su paradero a pesar de encontrase bajo una montaña de escombros.

Pero la persona que ha sido aislada, trasladada a un lugar desconocido, a un sitio donde imperan los gritos desgarradores, las exabruptas amenazas, las continúas e interminables sesiones indescriptibles e inenarrables, los violentos, estridentes, y desasosegantes sonidos que se extiende por pasillos y celdas día y noche, la imposibilidad de conciliar el sueño, el gélido frío que te envuelve y te atenaza, la desorientación espacio temporal, las posturas obligadas y forzadas, los extenuantes ejercicios, la pérdida paulatina y sistemática de la fuerza física y psicológica, el miedo, la desolación y el terror que llegan adquirir materialidad y presencia física… borrarán cualquier minúsculo atisbo de esperanza, de salir indemne del infierno en el se está inmerso.

Y a medida que transcurre el tiempo, el pozo obscuro, siniestro y dantesco por el que se va cayendo irremisiblemente, se va haciendo más profundo, insondable y terrorífico. Llegados a esa situación, carece de importancia la velocidad de la caída, la distancia que se recorrerá y el brutal impacto que se sufrirá. La persona ha sido destrozada, aniquilada. Hace mucho días que dejó de ser una ciudadana protegida ante la barbarie, mediante derechos inalienables, en un estado democrático. Y lo único que desea y aspira es que cese el tormento y el terror al que se ve sometida, sistemática y metódicamente, ya que le es absolutamente imposible seguir aguantando ni un miligramo más de crueldad y atrocidad; y solamente desea estrellarse y morir en el fondo de ese abyecto pozo, que ahora representa su única y exclusiva salvación.
En el Estado español - fiel imagen de la dictadura más larga que haya soportado Europa y cuyo dantesco origen acontece con el brutal, sangriento y despiadado golpe de estado contra la II República, convirtiendo a ese país en el segundo del mundo, tras Camboya, con el mayor número de desaparecidos - se han constatado, solamente, en el sur de Euskal Herria miles y miles de casos de flagrante tortura, en las últimas décadas del conflicto, mediante el uso del protocolo de Estambul, reconocido y avalado por la ONU, para establecer la veracidad de las declaraciones de las personas torturadas.

El Estado español firmó en 1977 y lo ratificó en 1979 el Convenio para la Protección de los DD.HH. y de las Libertades Fundamentales. El artículo 3, textualmente dice “Nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. El 18 del 12 del 2002, el mismo país suscribía, y cuatro años después, el 22-06-2006, ratificaba El Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

En ese mismo año del 2002, El Comité de la ONU contra la Tortura, revelaba la persistencia de casos de tortura y malos tratos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del susodicho Estado.

El 16-12-2008, el informe del Relator Especial, para el Estado español -Martin Scheinin- sobre la Promoción y Protección de los DD.HH y las Libertades Fundamentales en la lucha contra el terrorismo, en el marco del Consejo de DD.HH. de las Naciones Unidas en Asamblea General, recomienda: «…la completa erradicación de la detención incomunicada…» Pide que se apliquen sistemáticamente medidas de prevención de la tortura y malos tratos… mediante la videovigilancia continua de las instalaciones de detención y el examen de los detenidos por médicos de su elección. Al Relator Especial le preocupan hondamente las denuncias de torturas y malos tratos… así como la información según la cual las autoridades españolas hacen sistemáticamente caso omiso de esas denuncias. Aboga por el respeto sistemático de todos los aspectos de la prohibición internacional de la tortura, junto con la abolición del régimen de incomunicación.

Ese Estado ha sido reiteradamente, hasta en nueve ocasiones, condenado por el Tribunal Europeo de DD.HH. por no investigar suficientemente las denuncias de torturas. EL CPT (El Comité para la Prevención de la Tortura), un órgano del Consejo de Europa, en el informe difundido a finales de abril de 2013 ponía el foco en: «…la necesidad de una acción decidida de las autoridades españolas para abordar el tema de los malos tratos por parte de la Guardia Civil en el contexto de la detención en régimen de incomunicación.» No es la primera vez que se reprocha esta situación a las autoridades españolas bien del PP o del PSOE. En el citado informe el CPT recordaba que llevaba dos décadas «…llamando la atención sobre el problema de los malos tratos que infringe la Guardia Civil a personas sospechosas de delitos de terrorismo».

Jorge del Cura, miembro de La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, declaraba hace unos pocos meses, concretamente el 29 del 12 del 2016, la responsabilidad muy importante del Poder Judicial (jueces y fiscales) por la actitud de comprensión hacia determinadas acciones policiales o la aplicación de penas muy leves en casos de tortura.

El informe de Amnistía Internacional del pasado año, 2016, recoge que el Estado español suspende y retrocede en libertad.

El forense y antropólogo, Paco Etxeberria, exponía, hace muy poco tiempo, con una claridad meridiana y absoluta: «Las torturas son un asunto con unas proporciones mayores a las que habíamos pensado, son miles las personas torturadas. En un determinado tiempo fue sistemática…»

Ante un cúmulo de denuncias tan claras, tajantes y evidentes -año tras año, década tras década- por parte de diferente organismos internacionales, mediante informes, estudios exhaustivos, contrastados y rigurosos que sacan a la luz la insoportable y abominable lacra de la tortura; una pregunta golpea tenaz e incansablemente la conciencia colectiva de este pueblo -sumido en la más absoluta perplejidad, incomprensión y estupefacción- tras conocer la sentencia dictada por los 3 magistrados, en el caso de Sandra Barrenetxea. Tras una declaración tan impresionantemente desgarradora, imposible de narrar si realmente no se ha padecido; con unas pruebas periciales tan contundentes y completas que acreditan la verosimilitud del terrible relato; en un contexto sociopolítico en el que existen miles de casos de torturas, de evidencias, de pruebas, de meridianas constataciones… y con un interminable reguero de denuncias, de organismos internacionales, contra el Estado español; ¿Cómo es posible que se haya dictado semejante y absoluto despropósito?

De manera absolutamente imperiosa, urgente, inexcusable e insoslayable, este pueblo, que ha sufrido lo indecible e inimaginable, necesita la creación de un Estado propio, soberano e independiente, al menos, para defender de la barbarie, de la sádica venganza, del trato inhumano y de la cruel y brutal tortura a su ciudadanía.