Iñaki Egaña
Historiador

La vara de medir

Al parecer, desde tiempos lejanos nuestros antepasados utilizaban el codo para medir distancias pequeñas. Dicen que surgió en el Egipto de los faraones que lo transmitieron a los griegos. De la patria de Sócrates saltó a la de Marco Aurelio. Y cuando los romanos invadieron Europa llegó a Euskal Herria, junto a otras medidas como el pie. Circularon miles de lunas, se inundaron los ríos, corrieron generaciones y Castilla adoptó una nueva medida. La vara, tres pies. Los vascos nos acoplamos al nuevo sistema. Pero con sus singularidades.

Aterrizó la Revolución francesa, la guillotina, las libertades civiles, aunque por poco tiempo, y la unificación. De territorios, lenguas, ciudadanos... y medidas. Nació el sistema métrico decimal, aunque no sería hasta un siglo más tarde que se adaptase como valor universal. En el intermedio, la monarquía borbónica, superviviente de la ola republicana europea, dispuso de agrupar su tradición, la de la vara como medida. Y entonces se descubrió que la vara castellana utilizada en la Península no tenía la misma longitud en Madrid que en Iruñea. Que aquellos 835 milímetros oficiales de Madrid tenían una desviación de 40 con respecto a la usada en Iruñea. Durante siglos, lo que mediamos en varas los vascos y los españoles no se correspondía. La vara de medir era diferente para unos y otros. Se unificó entonces la vara, con la castellana como patrón.

Volvieron a circular centenares de lunas, inundarse los ríos, traspasar generaciones y a pesar de la unificación y transmutación de las reglas, la medición entre unos y otros, sigue vigente. No es lo mismo medir, esta vez ya en otros términos distintos a los exclusivamente de longitud, en la capital del Estado que al norte del Ebro. Para que me entiendan, me refiero a las composturas políticas y sociales y a su valor judicial.

El 3 de noviembre de 1979, Gladys del Estal murió descerrajada por un tiro del guardia civil José Martínez Salas. En Tudela, en una concentración organizada por los comités antinucleares. Al año, siguiente, en el homenaje a Gladys, los antinucleares colocaron un monolito en el lugar donde se produjo su muerte. Fue retirado por la Guardia Civil. El agente imputado por la muerte de la ecologista fue condenado a 18 meses de prisión, que no cumplió. En octubre de 1992, coincidiendo con la patrona del cuerpo policial, Martínez Salas fue condecorado por el alcalde de Tutera, José Antonio Pérez Sola, militante del PSOE

Seis años más tarde, el joven Mikel Zabalza aparecía ahogado en el Bidasoa, después de haber sido detenido e interrogado en el cuartel de Intxaurrondo. Veinte años después se abrió un sumario por su muerte, vox populi que fue en la bañera del cuartel, tras las declaraciones de un sargento de la Guardia Civil, Pedro Gómez Nieto. En 2010 quedó archivado, sin imputaciones, a pesar de las evidencias.

Entre 1936 y 1945, el dictador Francisco Franco firmó y ejecutó la sentencia de muerte de decenas de miles de sus opositores. Sus socios habían perdido recientemente unas elecciones democráticas y con ese mal perder histórico que tienen las derechas, modificó las líneas hegemónicas a golpe de sable y tiro de gracia. Más de 3.000 navarros fueron muertos e inducidos a la nada histórica, enterrados en hondonadas, cunetas y escombreras. Su mención fue perseguida, prohibida. Cuando en 1975 el tirano murió, en cambio, sus restos fueron a parar a un panteón ciclópeo y en sus funerales se cantaron y recitaron frases destinadas únicamente a los dioses. La longitud de la vara de medir continuaba siendo diferente en Madrid y en Iruñea.

Esos tres mil hombres y mujeres ejecutados por el dictador fueron transformados en micras, la millonésima parte de un metro. Como saben, en 1960 nació ETA, que ejerció la violencia como herramienta política. A lo largo de su historia mató a 40 personas en Nafarroa. El 23 de agosto de 1936, 52 navarros fueron ejecutados en Valcaldera. En una sólo jornada, la derecha navarra terminó con la vida de más navarros que ETA en 50 años de historia. Lo que no fue óbice para que ese diario que decían progresista, “El País” exhibiera un editorial contundente, esta vez el 13 de julio de 1997, cinco días antes de la sublevación de los que habían perdido las elecciones: «Los etarras son peores que Franco». De nuevo la vara de medir.

En 1982 fue detenido en Iruñea un hombre que exigía a diversos empresarios el impuesto revolucionario, en nombre de ETA. Entre medio una estafa porque el timador no era miembro de la organización armada, sino presidente de la Junta Municipal del PNV de Pamplona. La Audiencia Provincial le condenó a 75 años de prisión. Según el código penal hubiera salido de prisión ya en el siglo XXI. Pero no fue así, ya que al poco de su condena, el Consejo de Ministros español le indultó y recobró de nuevo la libertad. En 1992 y 1993, la Ertzaintza y la Policía Francesa, detuvieron a militantes de ETA a los que acusó de pedir ese llamado impuesto revolucionario. Eran los originales, no los falsarios. Alguno de ellos cumplió más de 20 años de prisión, en aislamiento. Nuevamente la vara de medir.

Hace unas semanas, como es sabido, una trifulca a altas horas de la madrugada en un bar de Altsasu, en la que estaban implicados dos guardias civiles, se ha saldado con el encarcelamiento de siete jóvenes, acusados en principio de un «delito de odio» y luego de un «acto de terrorismo». El fiscal pide para ellos de 10 a 15 años de prisión. En Vecindario (Gran Canaria), un ciudadano noruego propinó una paliza a un guardia civil. Fue condenado a cuatro meses de prisión. En Algeciras, un agente de la Benemérita mató a un migrante a tiros. Ni siquiera supimos su nombre, únicamente las iniciales de aquel desdichado, A.L. El agente fue condenado a seis meses de prisión. En Irun (Gipuzkoa), un cliente mató a un guardia civil que no le permitía el acceso a una discoteca. Hace unos pocos años. Recibió una condena severa: 11 años de prisión. No hubo delito de odio, aún sin tipificar en el código penal, ni tampoco de terrorismo, tipificado desde antes que naciéramos las generaciones que poblamos este territorio tan confuso.

Los agravios comparativos, las varas de medir, son tan evidentes que ya nos han desbordado en nuestra comprensión diaria. Más dos mil cargos públicos han sido imputados en los años precedentes por robar, supuestamente algunos, confirmados otros, el dinero que hemos aportado a través de nuestros impuestos. Para ellos, a pesar de las más o menos condenas exigidas por la fiscalía, la libertad condicional, el indulto posterior (más de 18.000 en las últimas décadas) y la audiencia televisiva. Los ricos también lloran. El último, José María Astrain, de quien DV señaló poseía «una discreta fortuna forjada en el acero». De discreta nada. En 2007, la revista Forbes señalaba que era la fortuna 557 del planeta. Un fortunón. Arcelor-Mittal, la empresa en la que Astrain «forjó» su fortuna, recordarán, acaba de cerrar su planta de Zumarraga. La abogacía del Estado pide 64 años de prisión para Astrain, por evasión de capitales. He consultado rápidamente los censos carcelarios y no he visto su apellido en ninguna cárcel española. Al parecer, su residencia se encuentra en una estación de esquí suiza.

Mientras, decenas de jóvenes han recibido condenas extraordinarias por «sabotajes», hechos de kale borroka. Quince años por quemar un cajero, 53 por atentar contra entidades bancarias, hasta 96 por reincidencia. Es la medida de la vara castellana que se encoge para la medición de otras circunstancias, no sólo por razones sociales o políticas, sino también para las agresiones de género. Recordarán de inmediato a ese futbolista indultado tras su condena por abusos sexuales. En fin, vara castellana para medir, agigantada para los navarros, menguada para los castizos. Varilla.

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