La cuestión que surge a partir de ahí es saber cuál será el verdadero alcance de estas normas y en qué medida condicionarán o limitarán la participación en las protestas. O dicho de otro modo, si podremos hablar realmente de un antes y un después de su aprobación.

En principio, si nos atenemos a la letra es evidente que sí. Primero, porque se amplía hasta el límite el catálogo de conductas que podrán ser castigadas por vía administrativa e incluso penal; entre ellas acciones tan cotidianas en las movilizaciones sociales como las sentadas, la difusión de convocatorias por redes sociales, la ocupación simbólica de oficinas bancarias, etc. Pero, sobre todo, la clave está en la supresión de las faltas del Código Penal, con lo que algunas conductas que anteriormente eran falta serán perseguidas a partir de ahora como delito. Y en la mayoría de los casos se convierten en infracciones administrativas, lo que permite a la administración —central, autonómica o local, no olvidemos que la aplicación de esta Ley y la imposición de sanciones son competencia de la ertzaintza o la policía foral— convertirse en juez y parte y castigar directamente a quienes participan en las movilizaciones con multas, por lo general de mucha mayor cuantía que las sanciones correspondientes a las faltas; al tiempo que se elude un control judicial que en no pocas ocasiones había venido a enmendar la plana a las arbitrariedades policiales, absolviendo a las personas acusadas o rebajando considerablemente la gravedad inicialmente atribuida a los hechos.

Sin embargo, lo cierto es que a día de hoy, con la legislación todavía vigente, nos encontramos ya con infinidad de ejemplos de cómo eso está aplicándose en la práctica: desde las penas de varios años de prisión por participar en un piquete durante una Huelga General, o los miles de euros en multas con los que pretenden ahogar la actividad de movimientos sociales o sindicatos como el SAT, hasta la reciente sentencia del Supremo condenando a tres años de prisión por participar en una sentada frente al Parlament de Catalunya. ¿Entonces? ¿Realmente necesitaba el PP estas reformas para continuar con su escalada represiva? Probablemente sí, si lo que pretendía el gobierno era no sólo tener las manos más libres para actuar, sino al mismo tiempo lanzar un discurso del miedo, un mensaje contundente en claves de marketing punitivo a todas aquellas personas que han ido incorporándose en los últimos años a las luchas sociales. No en vano, estas reformas se han impulsado al calor de acciones y movilizaciones que señalan directamente a los responsables de los recortes sociales —“Rodea el Congreso”, ocupaciones de sucursales bancarias por los yayoflautas, escraches ante los domicilios de políticos y políticas, etc.— , con la participación de personas y colectivos que hasta la fecha se habían mantenido ajenos a la movilización y la protesta política y social.

Que al gobierno de turno le resulte más fácil aumentar el grado de represión ejercido contra la contestación social, no significa que inevitablemente vaya a hacerlo. Cuando la administración —o los propios mandos policiales por su cuenta y riesgo— ha querido recurrir a la coacción y al miedo contra la disidencia, lo ha hecho; con la legislación actual, con la anterior e incluso al margen y por encima de toda norma legal. Aunque el PP haya mostrado una intencionalidad clara al impulsar estas reformas y probablemente en los próximos meses sigamos asistiendo a un incremento de lo que la Comisión Legal Sol vino acertadamente a llamar burorrepresión (también en la CAV, como ya anticipa la actitud mostrada por la ertzaintza en algunas movilizaciones recientes y en Nafarroa con la Delegada del Gobierno central al frente), no cabe duda de que tendrá también muy presente el efecto sobre el creciente cuestionamiento y pérdida de legitimidad con el que capas cada vez más amplias de la población perciben, no ya sus políticas de recortes, sino incluso el propio régimen surgido tras la transición de 1978.

Y en esto el papel que podemos jugar las organizaciones sociales se torna crucial: por una parte, confrontando el discurso del miedo con el mantenimiento y la reafirmación en las movilizaciones que hemos venido realizando hasta la fecha, incluidas todas sus expresiones de resistencia y desobediencia civil (sentadas, ocupaciones, escraches…), demostrando así a los gobernantes y a sus cuerpos policiales que la vía represiva nos puede hacer daño, sí, pero en absoluto va a conseguir que retroceda la protesta social; y al mismo tiempo, preparándonos para afrontar los golpes de la represión, sintiendo el ataque a cualquier persona o colectivo como algo propio, algo con lo que pretenden aleccionar a todas aquellas que creemos que es posible y urgente construir la sociedad sobre nuevas bases, y generando redes de solidaridad y apoyo a las personas víctimas de las nuevas leyes (multas, juicios, peticiones de prisión),  haciendo realidad el lema de que si nos tocan a una, nos tocan a todas.