Iker Casanova

Maroto es Le Pen

Pasado un tiempo prudencial desde la formulación abierta de un discurso xenófobo y antisocial por parte del alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, podemos ya concluir que tal discurso ha sido adoptado oficialmente por el PP. No sólo no ha sido desautorizado por su partido sino que éste le ha secundado activamente, como en el caso del diputado general de Araba, Javier de Andrés, y ha tratado de extender un tramposo debate sobre las ayudas sociales a otros lugares, como Bilbo o el Parlamento de Gasteiz. El PP asume una parte del discurso de la extrema derecha europea, de Le Pen, del UKIP y Amanecer Dorado. Aún no llega a los extremos de éstos, pero está tanteando el terreno. Quien convulsiona la convivencia con fines electoralistas no parece tener demasiados escrúpulos.

El PP sabe, a la vista de los últimos resultados electorales y de las encuestas, que en las próximas elecciones municipales se va a desplomar y a perder los que considera sus feudos en Araba y Gasteiz. La corrupción, la negligencia económica, los ataques a los derechos sociales y el bloqueo al proceso de resolución pasan factura.

La actitud de Maroto es una estrategia desesperada pero calculada y ha conseguido involucrar en ella a un PP vascongado en decadencia y sin rumbo. Un PP que ya coqueteó con las posiciones de la extrema derecha cuando hace dos años Basagoiti declaró «Por una sanidad para todos, pero primero para los de casa». Ahora el ataque es frontal y sistemático tanto a la inmigración como a las ayudas sociales. Están jugando con fuego.

Maroto miente. En la red pueden encontrarse dossieres enteros que trituran el discurso de Maroto punto por punto, demostrando que lo que dice es objetivamente falso y, según los criterios de organismos como la ONU, racista y xenófobo. Maroto habla de altos niveles de fraude en las ayudas sociales en Gasteiz, pero su concejala de Asuntos Sociales afirmó que los controles permitían un nivel de fraude 0 en las ayudas concedidas por el Ayuntamiento. Si se refiere a la RGI, Lanbide sitúa en el 1% el fraude registrado. Por tanto, el fraude en la RGI es casi nulo y en las ayudas municipales, inexistente.

Tampoco es cierto que determinadas nacionalidades vivan sistemáticamente de estas ayudas. Maroto da datos falsos al confundir deliberadamente ser atendido por los servicios sociales con percibir una ayuda económica. Sólo uno de cada cinco magrebíes cobra RGI y de los que lo hacen la gran mayoría son personas que han perdido su empleo, es decir, que sí han venido a trabajar. La RGI tampoco provoca efecto llamada. Las personas no emigran a zonas donde hay ayudas sociales sino a donde hay trabajo.

Estas mentiras se retroalimentan con los bulos xenófobos y clasistas que circulan en muchos ámbitos. Se afirma que las ayudas, aun las percibidas de forma legal, se conceden sin control, son muy generosas, fomentan el parasitismo, se dan sólo «a los de fuera»... Sobre esto, sin ser exhaustivos, hay que señalar algunas cuestiones: Los inmigrantes no tienen ninguna preferencia a la hora de percibir ayudas; los inmigrantes no agotan la RGI porque la RGI no se agota, se concede a toda persona que cumpla con las condiciones; no es cada vez más fácil acceder a la RGI, al contrario, se han endurecido los requisitos para conseguirla; los extranjeros cobran durante menos tiempo la RGI que los «autóctonos»; los inmigrantes hacen un menor uso de los sistemas de protección social como pensiones o sanidad y tienen un mayor porcentaje de pertenencia a la población activa.. Más de una cuarta parte de los que reciben RGI son pensionistas que complementan así sus bajas pensiones. 13.392 son mujeres autóctonas con estudios básicos e hijos a su cargo. Hay muchos perceptores que tienen empleo y complementan sus míseros salarios con esta prestación. Y también hay inmigrantes, un tercio del total, sobrerrepresentados en esta situación de dificultad económica porque son los que más duramente han sufrido la destrucción de empleo. La actitud de Maroto y el PP convierte a los más débiles en presuntos defraudadores y añade a la tristeza que produce no tener un trabajo la desagradable sensación de sentirse criminalizado.

Puede haber irregularidades y abusos en torno a las ayudas sociales que, por supuesto, deben eliminarse. Pero cuantitativamente las anomalías no son significativas y quedan más que compensadas por el efecto paliativo que estas ayudas generan sobre la cohesión social. La RGI en particular es la tabla de salvación de más de 60.000 familias vascas, la diferencia entre una crisis dura, como la que estamos viviendo, y la miseria y el hambre. Si hay que cambiarla es para mejorarla y garantizar que llega a todo aquel que la necesita. Sin embargo, cada vez que el PP habla de ayudas sociales es para relacionarlas con el fraude y pedir más control y recortes, tratando de crear la falsa sensación de que estas ayudas son un coladero y un lastre. El PP busca canalizar hacia los inmigrantes y los pobres la frustración y la rabia que provoca la crisis para eludir su responsabilidad. Es una vieja historia. Al Poder le resulta útil crear un falso culpable al que acusar de sus propios errores. Ahora que la indignación generalizada apunta al sistema que representa Maroto, éste señala a los inmigrantes. «Viven del cuento, nos arruinan, por su culpa no hay dinero...»

Pero la culpa de la crisis y de que falte dinero para políticas sociales no la tienen los inmigrantes, la tiene gente como Maroto. Si Maroto quiere buscar colectivos que alberguen un alto porcentaje de defraudadores que empiece por sus propias filas. Hay muchos más delincuentes por metro cuadrado en el PP que entre los perceptores de ayudas sociales. El PP ha llegado a tener imputados por corrupción al 20% de sus 55 diputados en las Cortes Valencianas. Si tenemos que establecer el perfil del defraudador, del corrupto, del gran delincuente económico no pensemos en un inmigrante o un pobre. Más bien nos debe venir a la mente una persona trajeada, con aspecto impecable y votante o afiliado del PP. Alguien como Fabra, Jaume Matas, Bárcenas, Correa, Baltar... por no hablar de otros que aún no están condenados... No son casos aislados. La corrupción es estructural en el Estado español. El sistema creado por el PP y el PSOE está diseñado para que no pillen a los corruptos, si les pillan no les condenen, si les condenan no cumplan y si cumplen que sean penas mínimas. Los líderes empresariales y políticos tienen cuentas en Suiza, las grandes empresas operan en paraísos fiscales, en el País Vasco los empresarios declaran menos rentas que los asalariados, el fraude fiscal es de miles de millones... y quieren convencernos de que el problema son los inmigrantes y el fraude en la RGI.
La estancia del PP en la alcaldía de Gasteiz y la diputación de Araba tiene fecha de caducidad: mayo de 2015. La desesperación que produce esta constatación en los cargos institucionales del PP les ha llevado a cruzar una línea roja, que antes no se había atravesado jamás en la política vasca: usar el racismo como arma electoral. Maroto lanzó la primera piedra y su partido le ha secundado. Acusar falsamente a comunidades enteras de parasitismo es racismo, no tiene otro nombre. Es innegable que la inmigración, junto a muchas ventajas, lleva también aparejada una serie de problemáticas a las que hay que hacer frente. Pero estos problemas requieren ser tratados con serenidad, calma, reflexión, inteligencia y delicadeza. Lo que no se puede hacer es jugar groseramente con estas cuestiones para arrancar un puñado de votos. Maroto y el PP están sembrando el odio y la discordia, azuzando los bajos instintos para provocar una confrontación social de la que sacar réditos electorales.

En la sociedad vasca existe poco racismo declarado y algo más de racismo latente, no generalizado ni mayoritario pero sí extendido. La tarea de la gente responsable debe ser contener esos impulsos y fomentar actitudes que fortalezcan la igualdad y la convivencia. Cuando un partido asume el discurso racista y lo convierte en propuesta política, lo dignifica, lo saca del ámbito de lo privado y vergonzante en el que se situaba hasta ahora. Deja de ser un comentario de barra de bar o de foro de “El Correo” para convertirse en una oferta política «respetable». Se pierde el miedo a hacer en público un discurso racista y la bola empieza a rodar. Aparece el riesgo de consolidación de la oferta xenófoba. El PNV trató con extrema tibieza las inaceptables declaraciones de su alcalde en Sestao. Ahora el PP asume el racismo de Maroto y le da cobertura. Caballo de Troya. Así se empieza. No podemos permanecer pasivos ante este intento de introducir el discurso de la extrema derecha en la política vasca. Le Pen ad portas.

Bilatu