El salario mínimo interprofesional en Euskal Herria es de 645 euros, al igual que en el resto del Estado. Cualquier trabajador que cobre el salario mínimo español está por debajo del umbral de la pobreza. Si además es vasco, es un 25% más pobre, ya que la pobreza se determina en relación a los ingresos medios de la población y la renta per capita vasca es de unos 29.500 euros frente a 22.279 en el Estado. Esta semana EH Bildu ha solicitado en el parlamento de Gasteiz que se den pasos hacia la dignificación del salario mínimo. Los defensores de las maravillas del Estatuto vascongado nos han dicho que preguntemos en Madrid. Enésimo reconocimiento de impotencia.

Depender del salario mínimo español y no poder fijar uno propio acorde con nuestra realidad es sólo uno de los múltiples problemas que genera a la economía vasca, y en especial a sus trabajadores, la dependencia del reino del España. Pero es lógico que los gobiernos autonómicos no pinten nada en la regulación del SMI. De hecho el gobierno vascongado y el foral no pueden decidir ni siquiera el salario que pagan a sus propios trabajadores ya que Madrid ha impuesto por decreto varias veces reducciones de sueldo y eliminación de pagas. Tampoco pueden decidir cuántos funcionarios tienen, porque las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) deben ser aprobadas por el Gobierno español, que ha establecido que se debe reducir el número global de funcionarios mediante la no reposición de las vacantes. Tienen vetado igualmente determinar hasta qué punto pueden recurrir a la deuda, ya que Madrid ha fijado unos límites de déficit draconianos, el 1% este año, a medida de las comunidades en quiebra, sin tener en cuenta que el menor endeudamiento de otras les permitiría un margen mayor. La consecuencia son recortes sociales.
 
El PP ha emprendido una feroz política económica sustentada en los dogmas ideológicos de la derecha más dura. Se ha cargado las cajas de ahorros y ha introducido un activo programa recentralizador y neoliberal. Para que no quepan dudas sobre las intenciones centralizadoras de la política económica del Estado algunas leyes llevan títulos tan poco ambiguos como «Ley de garantía de la unidad de mercado».  El Estado español está impulsando, de forma errónea e injusta, un modelo de competitividad vía precios bajos basado en la devaluación interna (bajada de salarios) que quiere extender al conjunto del territorio. La reforma laboral destinada a laminar los salarios y destruir la negociación colectiva ha dado sus frutos. En el Estado el 34% de los asalariados ya no cobra ni el salario mínimo y casi la mitad no llega a mileurista. El salario medio bruto en la CAV fue en 2013 de 1.984 euros, un 21,4% mayor que la media del Estado, que se situó en 1.634 euros. Sólo la combatividad del sindicalismo vasco nos defiende de la equiparación.

Prácticamente el 100% de la inversión en Euskal Herria del Estado, a cuyos presupuestos contribuimos de forma alícuota vía Cupo, se destina al TAV, mientras proyectos que podrían generar un valor económico real quedan suprimidos. El Estado puede congelar las pensiones o subir unilateralmente el IVA, impuesto regresivo y contractivo sobre la demanda, en lugar de buscar una fiscalidad centrada en gravar a los que más tienen y la persecución del fraude y la elusión fiscal. La subida del IVA supuso un mazazo al sector del comercio al que ahora se amenaza con una liberalización de horarios impuesta desde Madrid y ante la cual tampoco se puede hacer nada. Ni los horarios de las tiendas pueden regularse aquí. Las ayudas a la dependencia han sido bruscamente recortadas desde el gobierno central que también ha introducido el repago farmaceútico. Hay más problemas derivados de la pertenencia al Estado. La quiebra del sistema bancario español hace aún muy complicado el acceso al crédito de las pymes vascas. La «marca España» es una losa para la imagen de la industria vasca. El Constitucional ha desactivado varias leyes de carácter progresista aprobadas en el parlamento navarro... ¿Alguien puede decir que estas cuestiones son identitarias y que están lejos de los intereses reales de la gente?
 
La bajada de salarios que impulsa el Estado, la eventualidad y la explotación laboral pero Euskal Herria necesita consolidar un modelo económico distinto, de base industrial y exportador, basado en el valor añadido, que prime la mano de obra cualificada y con derechos. No podemos caer en la idealización que algunos promueven, ya que el modelo vasco actual tiene graves carencias, que además se están agudizando: existe explotación laboral, la tasa de paro es brutal, hace un mal uso de la energía, está obsoleto en muchos ámbitos, no incorpora el factor medioambiental, está reduciendo sueldos... Pero aún hay un punto de partida para evolucionar hacia un modelo más sólido en términos económicos y sociales. Para ello necesitamos contar con instrumentos que permitan fijar nuestra política económica en ámbitos como el fiscal, la regulación del mercado laboral, presupuestos, educación e investigación. No podemos aceptar las normas pensadas para el modelo español porque son política y técnicamente equivocadas. El pasado año el gasto en I+D de la CAV disminuyó el 4,1%  por la dejación institucional. Es una señal clara del peligro.

La relación entre capacidad de decisión y calidad de vida es tan obvia que negarlo sólo puede obedecer a intereses espurios. Sólo desde un fuerte sentimiento identitario españolista se nos puede decir que el actual statu quo político-económico beneficia materialmente a las personas que vivimos en tierras vascas. En Catalunya no ha habido dudas. El PNV por su lado, oculta el efecto devastador de la acción centralista en el terreno económico para evitar que crezca un lógico malestar social que podría fortalecer la reivindicación soberanista. Negar los ataques, minimizarlos, vender una imposición algo aligerada como una victoria... es la rutina a la que nos ha acostumbrado el PNV. Por eso Ortuzar dice que primero hay que hacer frente a la crisis y luego hablar de autogobierno, como si fueran dos realidades disociables, como si la dependencia de España no fuera un problema añadido a nuestro tejido productivo, como si el Estado no nos estuviera imponiendo políticas económicas injustas y erróneas un día sí y otro también. Pero claro, para Ortuzar tratar de eliminar los recortes sociales de los presupuestos es escribir una carta a Olentzero mientras le parece sensato pedir respeto a los derechos de Euskal Herria al rey (¿mago?) español.
 
Se puede hacer frente a la vez a la crisis y a la cuestión del autogobierno.  De hecho, lo que es imposible es separar la situación económica de la cuestión de quién dicta las políticas económicas, en qué dirección lo hace, y con qué respaldo democrático cuenta. Primero la crisis, decimos también nosotros, pero es un «primero» que denota una jerarquía de prioridad, no un orden cronológico. Paremos los recortes, fomentemos un modelo productivo sano y equitativo, desarrollemos una política fiscal adecuada y conquistemos los instrumentos imprescindibles para gestionar nuestra economía.  Si la crisis es nuestra prioridad, contar con la capacidad política para hacerle frente de forma eficiente, justa y democrática también lo debe ser. La crisis no es un motivo para abandonar la búsqueda de la soberanía sino un importante acicate para ello.

La mejor inversión que puede hacer Euskal Herria es obtener instrumentos políticos para poder regular su propia economía. La cercanía en la gestión, el mejor conocimiento de lo propio y la capacidad de realizar políticas más ajustadas a las especificidades traería primeramente una innegable mejora de carácter técnico a la economía vasca. Luego, hay que saber usar esos instrumentos para llenarlos de contenido y avanzar en una dirección más comprometida con los derechos y necesidades de la mayoría. No hay que olvidar que las derechas autónomas secundan muchas de las iniciativas del Estado, e incluso a veces están deseando que nos impongan algo desde Madrid para no tener que asumir el coste de aprobarlo ellos mismos, léase privatización de Kutxabank, liberalización de horarios comerciales o autorización del fracking. Pero sólo puede haber debate y decisión democrática sobre la política económica si existe la capacidad de dedidir aquí sobre ello. La búsqueda de la soberanía es también la búsqueda de la capacidad de realizar una política económica propia definida en función de nuestros intereses y a través de decisiones democráticas tomadas aquí. La clave es el derecho a decidir. Decidir aquí para poder elegir, para poder decidir otras cosas. Decidir aquí para vivir mejor.