Por aquel entonces el club navarro era ejemplo de buena gestión en lo deportivo y en lo económico; una previsión seria y acorde a sus posibilidades, con un gasto presupuestado en función de los ingresos y sin fichas exageradas, le hacía merecedor de buen nombre y prestigio. Tenía además la buena costumbre de pagar sus deudas, lo que decía mucho a su favor. Era el modesto David del fútbol capaz incluso de derribar esporádicamente a gigantes como Madrid y Barça con la deportividad como única arma.

Dos décadas y media más tarde, fruto de la ambición y la mala gestión de algunos, la situación es radicalmente distinta. El club acumula una deuda que supera ampliamente su patrimonio, impaga servicios a varias empresas y debe millones a la hacienda pública. En lo deportivo tampoco atraviesa sus mejores momentos, aunque no sea lo más importante. Osasuna es hoy un barco a la deriva que, ante su inminente hundimiento, pide el rescate. El problema es que, siguiendo el mal ejemplo de lo ocurrido en el Estado con las entidades bancarias, no se conforma con una redención humilde y progresiva, previa presentación de responsabilidades y asunción de medidas correctoras. Vamos, como debería ser. Por el contrario, solicita el perdón de la deuda con trato “diferenciado” e intentando hacer ver que cumple con sus obligaciones a pesar de no hacerlo y sin presentar cuentas ni detalles de su gestión ante el Parlamento para depurar posibles responsabilidades.

A la concreción de esa impostura se le ha denominado “proposición de ley foral para la reestructuración de la deuda del Club Atlético Osasuna con la Comunidad Foral de Navarra”, que será debatida el próximo día 27 en el Parlamento. Como era de esperar el Cuerpo Foral de Rescatadores con dinero público (léase UPN-PSN-PP) se ha subido inmediatamente a las zodiac y ha puesto rumbo a la zona del naufragio con el botiquín lleno de billetes.

La propuesta de marras plantea la extinción de la deuda tributaria de Osasuna con la Hacienda Foral -53 millones de euros- a cambio de la entrega por parte del club de sus bienes patrimoniales (el campo del Sadar, los terrenos e instalaciones deportivas de Tajonar y dos pisos). Así planteado sería una “dación en pago”, es decir, patrimonio por deuda, lo que podría parecer aceptable. El problema es que esa “dación” de patrimonio se condiciona a una cesión gratuita al propio club del uso del estadio del Sadar por treinta años y a un arrendamiento por el mismo período de las instalaciones de Tajonar a cambio de 75.000 euros anuales mientras Osasuna esté en segunda y de 150.000 euros si sube a primera. Además el Gobierno de Navarra otorgaría un aval al club por 4 millones para financiar su actividad futura. Como se puede observar se trata en realidad de una condonación de la deuda disfrazada de “dación en pago”. Pretender que creamos lo contrario es considerar que los navarros tenemos inteligencia de ovino, y va a ser que no.

Ante este planteamiento lo primero que hay que decir es que para ayudar a Osasuna no hace falta una ley especial. Cuando una empresa atraviesa malos momentos y comete impagos a Hacienda hay fórmulas legales para acomodar el pago a ritmos más asequibles. Pero claro, eso exige que se tomen medidas correctoras para enmendar los errores cometidos y la firma de compromisos serios. En el caso de Osasuna, además de una cuantía periódica estable, se debería exigir también una tutela fiscalizadora de obligado cumplimiento llevada a cabo por técnicos de la hacienda navarra, lo cual no se contempla en la proposición más allá de una función de inspección. Pero, sobre todo, Osasuna debe rendir cuentas ante el Parlamento y ante la sociedad entera por la mala gestión realizada en los últimos años, mostrando facturas y firmas, y respondiendo a las preguntas pertinentes sobre contratos, compromisos, condiciones de los fichajes, viajes, etc. Un necesario ejercicio de transparencia exigible a todo aquel que suplica la benevolencia de la sociedad cuando ha incumplido sus deberes con ella.

Lo otro son salidas en falso. Aceptar ese planteamiento sin más supone acabar definitivamente con el Osasuna modélico de antaño, aquél que nos enorgullecía no sólo por sus éxitos deportivos, sino sobre todo por su sencillez y dignidad. Votar a favor de esa propuesta supone aceptar la mala gestión como norma de conducta y animar a quien venga a seguir cometiendo los mismos errores. Supone además evitar la transparencia, eludir la petición de responsabilidades y premiar la ineficiencia y el abuso como valores del club. Y, por si fuera poco, supone también una tremenda injusticia en unos momentos de crisis donde todos y todas hemos de ser tratados por igual, sin pretender que haya unos más iguales que otros.

    Además, y como trasfondo de todo esto, no se nos puede olvidar que la Comisión Europea está investigando desde hace un año a Osasuna y otros clubes del Estado que no son Sociedades Anónimas Deportivas, nada menos que por recibir posibles ventajas fiscales y trato de favor por parte de las instituciones públicas. En estas circunstancias, aprobar la proposición de ley presentada, tal como pretenden los partidos firmantes y algunos próceres del fútbol foral, se escapa a todo criterio de justicia y razón, pero resulta además una temeridad.