En la tarde del lunes, Jucá renunció después de que el diario “Folha de São Paulo” publicara unas conversaciones suyas con Sérgio Machado, el ex presidente de Transpetro (empresa de transporte asociada a la petrolera Petrobrás) donde ambos explicaban la necesidad de «acabar con Dilma» para «evitar la sangría» de las investigaciones de la operación Lava Jato, considerado el mayor escándalo de desvío de dinero del país de la estatal Petrobrás hacia el bolsillo de políticos de los principales partidos brasileños.
 
Fue precisamente esta investigación uno de los grandes puntos de desgaste del Gobierno Rousseff, que vio como en menos de un año grandes figuras del PT eran investigadas y algunas también presas por su vinculación con la trama de corrupción. A pesar de que el escándalo Petrobrás tocaba a casi todas las siglas, tanto los conglomerados mediáticos como el poder judicial se centraron en atacar al Partido de los Trabajadores para crear una narrativa donde el PT aparecía como único responsable de la corrupción del país.

Las filtraciones que se publicaron esta semana demuestran la manipulación informativa que desde hace meses viene denunciando la izquierda brasileña. El propio Sérgio Machado le dice a Jucá que el uso de las prisiones preventivas «hace que todos acaben delatando», y asegura que esas prisiones continuarán, y Jucá matiza: «pero serán selectivas». La respuesta del ex ministro confirma cómo hasta el momento las investigaciones de corrupción tuvieron como prioridad al partido de Rousseff, quien nunca puso freno a la Policia Federal para que investigara lo que fuera necesario. Por ello Jucá le dice a su colega que «la única salida es el impeachment» porque «si ella continúa vamos a caer todos», y una vez más aclara: «El primero que va a caer va a ser Aécio», en referencia al líder del principal partido de oposición del país, el PSDB, quien apenas dos semanas después de perder las elecciones amenazó a Rousseff con «no terminar su mandato».

El diálogo entre Jucá y Machado corresponde a una conversación que se produjo el pasado mes de marzo, semanas antes de la primera votación del impeachment en la Cámara de los Diputados. Jucá dice que «ya está todo pronto para llevar a cabo un Gobierno de salvación», asegura que él mismo ha hablado con las fuerzas armadas y con los jueces del Tribunal Superior de Justicia: «Están todos de acuerdo que hay que poner a Temer en el Gobierno». Sin llegar a dar nombres de los jueces que estarían involucrados en la articulación del impeachment, Jucá tan sólo cita al juez Teori Zavsacki como «el único magistrado al que no hemos podido acceder», precisamente aquel que se encarga de Lava Jato a nivel federal.

Horas después de conocerse el contenido de estas conversaciones varias manifestaciones se convocaron en las principales ciudades del país contra el «gobierno ilégitimo de Temer». En un primer momento Jucá aseguró que no dimitiría “por no haber nada criminal” en dicho diálogo, pero poco después Temer le obligó a renunciar. A pesar de haberse confirmado que el impeachment contra Rousseff fue premeditado y organizado entre otras cosas para evitar la continuidad de la investigación Lava Jato, por ahora parece que con la dimisión de Jucá se da el escándalo por cerrado.

Sin embargo, Temer es consciente de la fragilidad de su Gobierno y de su equipo, del cual al menos seis ministros son investigados por Lava Jato, y otros cinco por diversos crímenes relacionados con la Ley Electoral. Su líder de Gobierno en la Cámara de los Diputados, André Moura, no sólo es investigado por la Lava Jato sino que también es reo en el Tribunal Superior de Justicia por otros dos crímenes, uno de ellos por supuesta participación en el homicidio de un vigilante de seguridad. El argumento usado por la oposición de sacar a Dilma para «acabar con la corrupción del país» a estas alturas resulta irrisorio. Durante el lunes los «memes» en las redes sociales bromeaban sobre el asunto: «El Gobierno Temer de Salvación de los Corruptos», decía uno de los más virales.

La fuerza de las movilizaciones en las calles y el papel que decidan tomar los grandes medios, serán claves en esta nueva fase del impeachment, en la que las pruebas siguen sin inculpar a Rousseff de ningún crimen de responsabilidad, mientras que a sus verdugos les llueven las acusaciones. En los próximos 180 días se verá si el Senado y el Tribunal Superior de Justicia dan marcha atrás o mantienen «el plan de salvación».