La Diputación de Gipuzkoa hizo pública ayer su intención de «rediseñar» la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), aprobada en la anterior legislatura, justificando que provoca un «efecto llamada» entre los extranjeros. El ejecutivo foral cuestiona así la eficiencia de dicha herramienta, que califica como una «ayuda para extranjeros», a la hora de garantizar la inserción de los sectores más vulnerables de la sociedad, si bien no entra en el trasfondo de las razones para que perduren dichas diferencias. Un mensaje con sesgos realmente peligrosos que recuerdan las polémicas declaraciones del exalcade de Gasteiz, Javier Maroto, en relación al supuesto cobro fraudulento de ayudas sociales por parte de determinados grupos de población inmigrante.

Cabe recordar que la AGI se puso en marcha en Gipuzkoa precisamente con el objetivo de cubrir las carencias que presentaba la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y llegar a los demandantes que se quedaban sin acceso a la misma debido a que se endurecieron los requisitos exigiendo un total de tres años de empadronamiento. En esa labor de afinar la gestión de los recursos públicos es imprescindible actuar con responsabilidad para que se cumpla escrupulosamente con el objetivo primordial de llegar a todos aquellos ciudadanos que no disponen de los recursos necesarios para garantizarse una vida digna.

Una de las claves para acabar con cualquier signo de exclusión radica justamente en no caer en afirmaciones generalistas que solo contribuyen a estigmatizar más aún a un sector de la sociedad que el actual sistema condena a la marginalidad. Con ello se incide, además, en el peligro de extender actitudes xenófobas que ahondan en esa discriminación que dicen querer eliminar. Planteamientos como el presentado en Gipuzkoa chocan directamente con los discursos oficiales en torno a la crisis de los refugiados y dejan en evidencia la hipocresía de quienes a la vez predican a favor de la igualdad y los derechos humanos.