Seis personas pasaron ayer su segunda noche en prisión preventiva acusados de un delito de «terrorismo» debido a una trifulca en Altsasu. Repetimos. Seis personas han sido privadas de su libertad sin ser juzgadas, acusadas de un grave delito por unos hechos sucedidos a la puerta de un bar a las cinco de la madrugada, y sobre los que hay varias versiones, muchas de las cuales desmienten la versión oficial.

Este, y no otro, es el marco del debate: cinco años después de que ETA anunciase el fin de la actividad armada, seis jóvenes han sido encarcelados sin que quede nada claro, vistas las graves y delirantes acusaciones de la Audiencia Nacional española, que vayan a recuperar su libertad a corto plazo. En cinco años solo una vez se había encarcelado de golpe a tanta gente en Euskal Herria. El antediluviano auto judicial, en el que solo se toma en consideración la dudosa versión de la Guardia Civil, no hace sino actualizar la aberración jurídica estrenada en su día por Garzón: si antes todo era ETA, ahora todo es terrorismo.

Lamentablemente, el marco de la comparecencia de la lehendakari Uxue Barkos en el Parlamento foral se situó ayer en las antípodas. UPN y PP pusieron el decorado y Barkos, a la defensiva, se dedicó a recordar cuántas veces condenaron los hechos. La respuesta de la oposición, atacando a EH Bildu y al cuatripartito, demostró que lo que menos les interesa es la realidad. Qué decir ya de la paz y la convivencia, calificadas ayer por el líder de UPN de «milonga». Pero hacer frente a quienes pararon su reloj hace cinco años no sirve de gran cosa si el intercambio se da en el escenario que ellos proponen. Así es imposible ir más allá del obvio rechazo a lo sucedido e ir al fondo de la cuestión, que no es sino la militarización de este país y la excepcionalidad punitiva que siguen cinco años después. Dicho marco encorseta y acompleja además al Gobierno del cambio, incapaz de salir ayer en defensa de los derechos de seis personas encarceladas contra todo sentido común.