Las explicaciones oficiales sobre la muerte el martes de un senegalés en la Jefatura Superior de la Policía de Iruñea se vuelven a cada paso más difíciles de creer. GARA ha hablado con testigos presenciales y sus testimonios sobre lo que ocurrió en el momento del arresto en Arrotxapea plantean nuevos interrogantes. Además, que la versión oficial no ofrezca ni causa probable de la muerte, ni siquiera la identidad de la persona fallecida (Elhadji Ndiaye, según ha sabido este periódico) constituye un ejercicio de absoluta falta de transparencia, incompatible con un sistema que se dice democrático. El mutismo sobre la identidad muestra, de paso, la indefensión que sufren las personas sin entorno familiar en este país.

Todos los testigos consultados aseguran que se produjo un forcejeo violento pero –a diferencia de la versión oficial– aseguran que Ndiaye fue introducido en el automóvil ya sin conocimiento. Después de un arresto violento, ¿no hubiera sido más lógico trasladar al detenido a un centro médico para su examen? ¿Por qué no se hizo? Se difundió que había sido pillado in fraganti vendiendo droga; más tarde se reconoció que solo se le habrían encontrado drogas en el registro posterior: ¿Por qué se le detuvo entonces? ¿Porque se trataba de un negro con una motocicleta? ¿No sería un simple prejuicio racista el motivo de la detención? En ese caso, una vez consumado el despropósito, ¿cómo justificar la detención? Sin un fundamento claro para el arresto, ¿optó la Policía por ocultar que se había extralimitado? Muchas son las preguntas que sugieren las versiones contrapuestas y que continúan sin respuesta clara.

La muerte de un detenido en una comisaría es un hecho de extrema gravedad que no puede envolverse en un manto de silencio. Tratar de ocultar lo ocurrido para no dar bazas al adversario resulta poco inteligente y profundamente antidemocrático. Por salud democrática urge aclarar todos los extremos de esta tragedia y depurar las responsabilidades si las hubiera.