El informe de coyuntura del mes de agosto del Banco Central de Alemania recogía entre otras cuestiones una recomendación de alcance, al proponer que se eleve progresivamente la edad de jubilación hasta los 69 años en 2060. El objetivo de la medida sería asegurar la sostenibilidad financiera en el país, puesta en peligro –según el informe– por el aumento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad. La sugerencia del Bundesbank llega cuando Alemania todavía no ha terminado de implantar la anterior reforma que, entre otros cambios, prevé retrasar la edad de jubilación de forma progresiva hasta llegar a los 67 en el año 2030.

La advertencia del banco subraya algunos retos de los actuales sistemas de pensiones, como la mayor longevidad de la población y la baja natalidad, aunque de la misma manera obvia otras materias que también resultan básicas para un examen completo de la cuestión de las pensiones, como son la riqueza generada por la economía y su distribución, el trabajo empleado o la aportación de la inmigración a dicha riqueza. Soslayar esos aspectos nos retrotrae a aquellos razonamientos que echaban la culpa de la pobreza de la clase obrera a su irresistible ardor procreador. Abundando en su razonamiento parcial, recuerda el banco que no debería ser tabú hablar de una vida laboral más larga, aunque lo único que no aparece en su informe son las cuestiones relativas al reparto de trabajo y riqueza.

Lo más llamativo de todo es que se lancen esas consignas en el país más saneado de Europa. Es evidente que los sistemas de pensiones, como los sistemas fiscales o las instituciones políticas, necesitan perfeccionarse y adecuarse a los cambios periódicamente. Lo que no resulta lógico es que se tergiversen y se oculten parámetros básicos del debate, y mucho menos desde instituciones públicas. Hacerlo además en pleno agosto, cuando las noticias escasean, habla por sí solo de la perversa intención que guía a la dirección del banco con este informe.