La proliferación de controles policiales en las carreteras de Euskal Herria no es algo novedoso. Dicha práctica, que en cualquier otro país se asocia a la seguridad vial, a un servicio a la ciudadanía con el objetivo de evitar situaciones de peligro, aquí se asocia al abuso, la humillación, la agresión e incluso la muerte. En las últimas cinco décadas, primero bajo la dictadura y posteriormente bajo la monarquía constitucional, pretendían justificar esa forma de atemorizar y reprimir, como tantas otras prácticas, por el contexto de la «lucha antiterrorista». Ahora no ofrecen ningún tipo de explicación. La pasada semana el Gobierno de Lakua, por boca de la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, se refería al enfado de la ciudadanía vasca por esos controles, cuyo objeto no se comunica en muchas ocasiones –si bien a su vez, según el sindicato Erne, el Departamento de Seguridad de Lakua hace lo propio con la Ertzaintza, estableciendo un mínimo de controles por turno de trabajo–.

No tiene fácil explicación el hecho de que en un solo mes la Guardia Civil haya instalado 33 controles en dos tramos guipuzcoanos de las autopistas AP-1 y AP-8. Semejante profusión resulta aún más inadmisible por la forma en que ese cuerpo hace patente su presencia, colocando en ocasiones sus controles en mitad de la vía, sin señalización y creando, por tanto, claras situaciones de peligro, como muestran los dos accidentes ocurridos últimamente. Tres semanas después de que la Diputación guipuzcoana solicitara un informe aclaratorio a la Guardia Civil y a la Ertzaintza, la respuesta es inexistente, muestra de la prepotencia de la que hacen gala, a imagen de sus responsables políticos, quienes no pierden ocasión para asegurar que las fuerzas policiales españolas jamás abandonarán el territorio vasco.

No solo deben explicación de ese proceder, sino también una rectificación del mismo; es decir, el fin de los controles aunque solo fuera, entre otras muchas razones, por la seguridad de los usuarios.