¿Cuántos millones debe el PP a la ciudadanía?

Hace pocos meses, el Partido Popular de Mariano Rajoy se convirtió en el primero imputado (investigado según la nueva terminología jurídica) por un asunto de corrupción: solamente a él podía atribuírsele el exhaustivo borrado del disco duro del ordenador de su extesorero Luis Bárcenas. Era un hecho novedoso, pero en ningún modo aislado. Ayer un juzgado de Valencia ha vuelto a imputar al partido, esta vez por blanqueo de capitales dentro de una investigación que afecta ya a 48 electos, antiguos electos, asesores... incluida Rita Barberá, alcaldesa de la ciudad del Turia durante un cuarto de siglo. Solo en los juzgados de la capital española aparecen imputadas 72 personas ligadas al PP de Madrid, en los casos Bárcenas, Gürtel, Púnica... En Baleares suman otros 40 en distintos sumarios, de los que el Palma Arena es el más conocido. Se puede seguir por Galicia o Castilla León y recalar también en Euskal Herria para recordar que dirigentes vascos recibieron los famosos sobres, que el pago de la sede del PP en Bilbo está en entredicho y que la semana pasada el gerente y el contable del partido en Bizkaia han sido cesados por manejos de los que el líder en la CAV, Alfonso Alonso, no ha dado explicación clara.

La política de abuso del ladrillo que contribuyó a la crisis que pagan tantos millones de personas inocentes tenía en el partido que la impulsó una cara B: el enriquecimiento, personal y colectivo, engordado precisamente por esa burbuja. Tal proliferación de casos corruptos solo se explica o por una actuación coordinada o por un caldo de cultivo propicio para el lucro impune. El PP sigue siendo el más votado en el Estado, pero lo que está aflorando en los juzgados lo sitúa como un partido no precisamente popular, sino más bien putrefacto. Si se reinventa o no (como va a hacer Convergència en Catalunya) es problema suyo. El de la ciudadanía debería ser conocer cuánto dinero público se ha llevado y cómo se recupera eso.

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