Un grupo de personas presentó ayer el manifiesto «Por un modelo de fin de ETA sin impunidad», para advertir contra hipóteticas medidas que suavicen la situación de los presos vascos. Recurren así a la pataleta y a marcar perfil a pocas horas de que ETA se convierta en una organización desarmada, si bien sorprende que no lo reciban con mayor alegría. Llama la atención, en cualquier caso, el uso de la palabra «impunidad» para referirse a personas juzgadas, condenadas y encarceladas, dado que la definición que los diccionarios dan a esa palabra es la de «falta de castigo».

La palabra impunidad se adecúa por tanto mucho mejor al caso de Sandra Barrenetxea, cuyos responsables no serán castigados. Ayer se conoció la sentencia que absuelve a los cuatro guardias civiles imputados, a tres de los cuales Barrenetxea identificó durante la vista oral. Por desgracia, la absolución apenas extraña en un país donde la casi totalidad de personas torturadas (más de 5.000 casos comprobados ya) no ha podido siquiera llevar a juicio a sus victimarios. Y en los episodios, excepcionales, en que sí ha existido una sentencia condenatoria, han sido los indultos y los posteriores ascensos los que han sepultado cualquier anhelo de justicia y reparación. Es difícil imaginarse una descripción más exacta de lo que significa impunidad.

Conviene leer la sentencia para darse cuenta de la magnitud de esa impunidad con la que los uniformados han actuado en este país. Es de una gravedad incontestable, además de insultante, ver cómo la jueza reculpabiliza a la víctima y se pasa por el arco del triunfo protocolos como el de Estambul, aprobado por la ONU. Este es el nivel del entramado judicial español, del que no cabe esperar justicia alguna. La reparación y la única posible garantía de no repetición pasan, en este caso, por la articulación de una sociedad crítica y atenta que no permanezca en silencio ante la vulneración sistemática de derechos humanos, un camino en el que resultan imprescindibles actitudes firmes y enteras como las de Barrenetxea.