Hace tres décadas Iruñea tenía ocho escuelas infantiles, de las cuales dos funcionaban en euskara. En 2015, Iruñea tenía 17 escuelas infantiles, de las cuales dos funcionaban en euskara. Baste la sencilla comparación para ilustrar la dejación de los sucesivos Gobiernos municipales de UPN. Mientras la demanda seguía creciendo, tal y como demostraban las matriculaciones en la educación primaria, la oferta no evolucionó. Miles de personas se han quedado sin escolarizar a sus hijos e hijas en euskara durante años.

Repetida por enésima vez la evidencia, el Ayuntamiento de Iruñea, encabezado desde hace un año por Joseba Asiron, decidió aumentar de dos a cuatro las escuelas infantiles en euskara (insistimos, de un total de 17). Una decisión que los datos de prematriculación conocidos esta misma semana han demostrado más que justificada. Es más, la oferta en euskara sigue estando por debajo de la demanda.

Ayer un juez suspendió cautelarmente la decisión del Ayuntamiento, dando por buenos los argumentos de 53 familias afectadas por los cambios y asegurando que «la existencia de daños graves y difícilmente reparables son claros». Resulta difícil empatizar con aquellos que ponen su incomodidad por encima de las 1.300 familias afectadas ahora por la suspensión cautelar. Con aquellos a los que en décadas no ha importado en absoluto que decenas de «afortunadas» familias hayan tenido que recorrer toda la ciudad para llegar a una escuela infantil en euskara. Afortunadas, porque miles ni siquiera tuvieron la opción.

No es solo una cuestión de derechos, que también. Es sobre todo una cuestión de mínima salud democrática, de reconocer como una evidente demanda social mayoritaria la apertura de puertas al euskara. Demanda refrendada a diario en la calle y, desde el año pasado, en las urnas. Tratar de mantener y recuperar a través de los tribunales aquello que han perdido socialmente dice muy poco del concepto de democracia de aquellos que siempre se llenaron la boca con ella.