El actual portavoz de PDC en el Congreso, Francesc Homs, declaró ayer ante el Tribunal Supremo acusado de desobediencia, prevaricación y malversación por haber participado en la organización de la consulta del 9N en Catalunya. Una vez más los tribunales de Justicia, a instancias del Gobierno español, son los encargados de afrontar un problema político que no se quiere abordar desde el ámbito que le es propio. En este caso, además, la injerencia gubernamental incluso obligó a la Fiscalía a actuar en contra del criterio expresado por la Junta de Fiscales en Catalunya y, finalmente, terminó con la dimisión del anterior fiscal general, Eduardo Torres Duce.

Con estas actuaciones el Gobierno español busca únicamente escarmentar a todos aquellos que se atreven a exigir democracia; y de paso intenta frenar el proceso soberanista catalán hasta que se pudra. Vana pretensión que fue ayer nuevamente respondida por Homs, quien aseguró que la sentencia no se acatará políticamente. En Euskal Herria son ampliamente conocidas este tipo de maniobras para entorpecer cualquier actuación política que no sea del agrado del Gobierno español de turno; la última se ha perpetrado este mismo verano, cuando los tribunales de Justicia apearon de la carrera electoral al candidato elegido por las bases de EH Bildu, Arnaldo Otegi, tal y como pronosticó que ocurriría el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá.

Tanto en Euskal Herria como en Catalunya, el Estado ha optado una vez más por no jugar la partida. Ese es el reproche que hacía ayer el director de “La Vanguardia” comentando la entrevista al candidato a lehendakari del PNV, Iñigo Urkullu. Este, sin embargo, obviando el contexto de bloqueo general, en un gesto que muestra cierta soberbia, aprovechó la oportunidad que le brindaba el diario catalán para aconsejar a los catalanes lo que no deben hacer. Como si Euskal Herria fuera modelo de avance.