Muchas son las actividades que se están desarrollando a lo largo de esta semana en relación con la conmemoración hoy del día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La OIT ha puesto este año el acento en la denuncia del estrés en el trabajo tras realizar un estudio con datos de todas las regiones del mundo y constatar el costo que tiene en términos económicos y humanos.

Bien es cierto que en los últimos años –y en gran parte fruto de la presión social– los puestos de trabajo y el entorno laboral han mejorado, en general, de manera sustancial. Los aspectos higiénicos, ergonómicos y de seguridad en el trabajo son objeto de planificación y también de fiscalización. Esta labor preventiva ha permitido evitar muchos accidentes laborales, reduciendo su cantidad, especialmente reseñable en el caso de aquellos con resultado fatal. Teniendo en cuenta lo avanzado hasta ahora parece lógico que la atención se desplace hacia otros aspectos relacionados con la salud en el trabajo y concretamente hacia el estrés. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo sitúa como principal causa del aumento del estrés los factores sicosociales, es decir, los relacionados con las relaciones laborales, conclusión que no resulta sorprendente si tenemos en cuenta el impacto de las sucesivas reformas laborales que se han aplicado en los últimos años. Los sindicatos llegan a una conclusión similar, aunque expresada con diferentes palabras, cuando denuncian que la precariedad –a fin de cuentas el resultado práctico de las reformas laborales– mina la salud de las personas, las hace enfermar y las termina matando.

Una sociedad que coloca entre sus más altos fines la eficacia económica, por encima incluso de la salud de los trabajadores, es posible que pueda parecer económicamente eficaz mientras consiga ocultar los altísimos costes sociales que provoca en la salud, pero está abocada al fracaso. La lucha por la salud laboral muestra esa falla y obliga a la sociedad a redefinir sus objetivos.