Las haciendas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa publicaron ayer por primera vez los listados de contribuyentes morosos. Tal y como se esperaba, debido a los elevados límites y las estrictas condiciones fijados por las normas forales, en el listado predominan empresas, la gran mayoría con graves problemas, y muchas de ellas en procesos de quiebra o liquidación. Apenas aparecen personas físicas; representan solamente un 5% del total de deudores, una proporción algo menor que la de la lista que hizo pública Hacienda del Estado.

La publicación recoge una pequeña parte de deudores y de deudas tributarias, no todas relacionadas con actuaciones fraudulentas. Sin embargo, el objetivo declarado cuando se aprobaron fue precisamente luchar contra el fraude fiscal dando publicidad a comportamientos que cuentan con una gran reprobación social. El problema de fondo es el conflicto que existe entre el derecho la información y el derecho a la intimidad, que se ha resuelto a favor de este último, restando toda eficacia a la norma. El derecho a la intimidad se ha convertido en un formidable parapeto de conductas reprobables. Buena prueba de ello es que también ha sido invocado hace unos días por los acusados de las «tarjetas black» de Caja Madrid con el fin de intentar anular pruebas clave. El derecho a la información cuando tiene carácter de interés general debería prevalecer siempre en un ejercicio debidamente ponderado. Así lo han entendido algunos países europeos en que los datos fiscales de todos los ciudadanos son públicos, en abierto conflicto con algunas normas de la UE sobre protección de datos. La contrapartida de esta transparencia radical es el bajísimo nivel de corrupción del que gozan estos países.

Las normas forales se han quedado muy cortas y no han creado una herramienta eficaz en la lucha contra el fraude, pero han abierto un camino por el que se puede avanzar siempre que haya voluntad política, como han demostrado otros países europeos.