El Gobierno francés tiene previsto poner en marcha a principios de 2015 una serie de medidas bajo el rimbombante nombre de Pacto de Responsabilidad y Solidaridad, pero para ello habrá de superar más obstáculos de los previstos. Además de los últimos datos que reflejan el inesperado estancamiento de la economía gala y alteran las previsiones sobre las que el Gobierno había elaborado el presupuesto de este año, también se ha encontrado con la oposición creciente al Pacto, especialmente en el seno del propio PS.

El objetivo principal del Gobierno es impulsar la competitividad y crear 200.000 empleos, lo que, por supuesto, nadie rechazaría. Sin embargo, numerosos expertos aseguran que si bien se podría crear una cantidad considerable de puestos de trabajo, la financiación del Pacto provocará la destrucción de una cantidad poco menor de empleos. Y es que esa financiación conlleva una reducción de 50.000 millones de euros del gasto público en los dos próximos años. Pero, además, mientras se recorta el gasto público, la patronal se ahorrará 41.000 millones vía reducciones de impuestos y cotización –cantidad que le parece insignificante– a cambio de un incierto compromiso de invertir y crear empleo. Por contra, la bajada regresiva de las cotizaciones de los asalariados que menos dinero perciben, en un principio contemplada en el Pacto, fue desestimada por el Consejo Constitucional.

Una patronal enrocada que, sin embargo, resulta ser la gran beneficiada de un pacto con un gobierno que se dice de izquierda. Unas medidas para impulsar el crecimiento económico a costa del esfuerzo a los trabajadores, porque solo a ellos y a los más desfavorecidos se les pide «responsabilidad y solidaridad». Ponerlas en vigor es el reto de un PS que a cada paso confirma su deriva a la derecha, quizá soñando que así hará frente al comprensiblemente paupérrimo índice de popularidad que ostenta en este momento. Déjà vu.