El Estado español sigue rompiendo las barreras del absurdo y la desvergüenza en su pulso con Catalunya. Si con la aplicación de la represión política y la suspensión del Estado de las Autonomías se había retratado de vuelta en el franquismo del siglo XX, el tratamiento dado a las comparecencias en los tribunales de los acusados de rebelión es otro salto atrás en la historia, hasta la era de la españolísima Inquisición, que estuvo vigente hasta el siglo XIX. Solo ha faltado una retransmisión pública de las audiencias judiciales para que las declaraciones de los responsables del Parlament primero y el Govern ayer emularan directamente a aquellos autos de fe en que se obligaba a los herejes a abjurar de sus pecados y abrazar la fe única y verdadera si no querían ser quemados en la hoguera. Que esto tan anacrónico esté ocurriendo en Europa y en el siglo XXI tiene un punto de alucinación que obliga a relativizarlo: si estos autos de fe no son escándalo mundial, se debe en parte a que cualquiera entiende que resultan simplemente inútiles.

La Inquisición era una demostración de fuerza extrema que en realidad escondía lo contrario: debilidad argumental. Con estos autos de fe actuales, el Estado confirma a Catalunya que frente a sus reclamaciones democráticas y pacíficas no tiene más armas que la imposición, el castigo, la amenaza, el chantaje. Pero en la apuesta por vencer como sea, renuncia a convencer, y eso terminará siendo su derrota. La Inquisición también tuvo quien la jaleaba; aquellos autos de fe llenaban plazas. Hoy nadie en su sano juicio la aclamaría ni la justificaría, ¿o sí?

Los gobernantes catalanes intentan evitar la hoguera; sería una buena noticia. A la espera de ello, seguramente sin pretenderlo, su iniciativa política ha desnudado ya la esencia autoritaria del Estado hasta extremos insólitos. Eso les sitúa en mejor posición para ampliar las mayorías sociales, hasta materializar una República del siglo XXI y huir para siempre de esta Monarquía de torquemadas.