No hace falta gastar mucha más tinta, al menos en estas páginas, para desmontar la hiperventilada operación jurídico-policial que ha llevado a la Audiencia Nacional española a procesar por terrorismo a nueve jóvenes de Altsasu –siete de ellos en prisión– debido a una trifulca de madrugada en la que dos guardias civiles resultaron levemente heridos. Baste recordar que, frente al clima asfixiante e infernal que dibuja la juez Carmen Lamela en su esperpéntico auto de procesamiento, el propio jefe de la Guardia Civil en Nafarroa, Javier Hernández, aseguró el jueves que Altsasu «no es una zona especialmente complicada». Se trata de una enmienda a la totalidad del relato mediático y judicial alimentado hasta ahora.

Es hora de centrarse en los objetivos del montaje, que van en varias direcciones, aunque responden a una misma lógica. A modo de peculiar oferta dos por uno, tratan de desestabilizar el Gobierno del cambio en Nafarroa y, de paso, torpedear los esfuerzos prácticamente unilaterales hacia la paz que se han dado en este país en los últimos cinco años. La única diferencia que hay entre un auto de la AN de hace diez años y el de esta semana es que ETA queda fuera de la ecuación. No parece importarle a la jueza: la acción armada desaparece pero el terrorismo, convertido en cajón de sastre en el que cabe todo, permanece.

El mejor modo de invalidar la desfasada operación contra los nueve de Altsasu y traer de vuelta a casa a los siete encarcelados: blindar tanto el camino hacia la paz como el cambio en Nafarroa. Solo en la medida en que la estrategia seguida por el Estado se muestre inútil y contraproducente en sus objetivos últimos, será desactivada. De ahí la importancia y el valor de la manifestación unitaria que esta mañana recorrerá en silencio las calles de la capital de Sakana, a la que, felizmente, acudirán todas las fuerzas del cambio en Nafarroa, incluidos representantes del Gobierno. La cita es a las 13.00 en Netto y la urgencia, traer de vuelta a casa a los siete encarcelados.