Urkullu rompe la discreción para meter cizaña al proceso

Las declaraciones realizadas ayer por el lehendakari, Iñigo Urkullu, sobre la visita de Jonathan Powell y Martin McGuinness a Euskal Herria son de una irresponsabilidad supina, muy poco apropiadas si se tratase del dirigente de un partido y totalmente inaceptables si quien las pronuncia es un lehendakari. Esas declaraciones demuestran voluntad de dañar a los interlocutores marcándolos con la sombra de la duda, ponen un cortafuegos que permite a las fuerzas más reacias a un proceso de paz alejarse de posiciones más constructivas y provoca un enfrentamiento, apenas retórico pero desagradable y poco edificante, entre las bases jelkides y las de la izquierda abertzale. Esas bases lo que reclaman es más iniciativas en el sentido de la manifestación «Derechos Humanos, Resolución, Paz» y nuevos pasos conjuntos en los parámetros de Gure Esku Dago o de Sare, no crisis inducidas.

En el plazo de una semana el lehendakari Urkullu ha tocado el txistu en un emotivo acto con representantes de la diáspora, ha recibido a un grupo de estudiantes de Derecho Internacional y ha acompañado a niñas y niños venidos desde la zona de Chernobyl. Puntualmente, ha colgado fotos de sí mismo en esas actividades a través de las redes sociales. Todo ello es lógico, legítimo y pertinente, sin duda. En el mismo periodo, sin embargo, se ha negado a recibir en persona a Jonathan Powell y a Martin McGuinness, primero aduciendo no haber sido invitado y confesando posteriormente creer que dicha visita responde a los intereses de la izquierda abertzale. No recibir a los facilitadores supone, antes de nada, un error diplomático evidente y un gesto de muy mal gusto, que contrasta además con esa agitada agenda social. Si lo mira sin prejuicios, la gran mayoría de su base social no puede estar de acuerdo con este desplante.

Resulta un tanto paranoide además pensar que Jonathan Powell responde a otra estrategia que no sea la suya propia para intentar lograr la paz en Euskal Herria. El esquema de acusarle de estar al servicio de la izquierda abertzale coincide tristemente con lo defendido por el PP desde la firma de la Declaración de Aiete. En esta ocasión, lo que realmente ha minado el trabajo de los facilitadores es esta falta de discreción y la postura de Urkullu.

Como visionario el lehendakari tampoco tiene precio. Planteaba que la visita no servía para nada y un día después de sus impertinentes declaraciones se encuentra con un comunicado de ETA en el que, entre otras cosas, anuncia que ya ha desmantelado sus estructuras para la acción armada y está estableciendo los mecanismos para hacer efectivo el desarme. ¿Qué ha aportado más a que la organización revolucionaria vasca dé esos pasos, la rabieta de celos del lehendakari o el trabajo verdaderamente discreto y efectivo de los facilitadores internacionales durante este tiempo?

Sea innato o pactado, no va a funcionar

Es evidente que en cualquier intento de reconfigurar el sistema político español con el objetivo de mantener las estructuras de poder intactas el PNV debería jugar un papel muy importante. En abstracto, sin su participación un intento de maquillaje del régimen que deviene de la Transición española quedaría deslavado. Pero que sea evidente teóricamente no quiere decir que en Madrid lo consideren políticamente necesario.

Los últimos pasos dados por la cúpula del PNV, desde las falsas acusaciones contra los presos hasta el desprecio a Powell y McGuinness, responden de un modo u otro a ese posible rol de cara a una reforma limitada del Estado español. Si la postura del PNV es pactada o es intuitiva da igual, el PP ha demostrado que no va a seguir ese guión. El castigo a uno de los presos de la denominada «vía Nanclares» demuestra que, más allá de las falsedades dichas por Josu Erkoreka, el problema no son los presos vascos sino la demencial postura del Ejecutivo de Rajoy. Lo mismo cabe decir del desarme, que tal y como han explicado todos los expertos es muy complicado de realizar con garantías si no se implica de un modo u otro algún estado, diga lo que diga Iñigo Urkullu. Respecto a la exigencia de aceptación del «daño injusto causado» por parte de la izquierda abertzale y de los presos, dado su énfasis en superar la ley e introducir en término «injusto», ¿qué daño consideran Urkullu y Erkoreka que ha sido justo? Es de suponer que no se refieren, por ejemplo, a que el líder de sus adversarios, Arnaldo Otegi, se encuentre en prisión, algo que pasan por alto cuando se ponen tan estupendos. Por otro lado, el proceso de recentralización que programa el PP es tan devastador que difícilmente va a frenarse en respuesta a la amabilidad que los líderes jelkides reservan para los mandatarios metropolitanos.

Los vascos tenemos una responsabilidad

Mirando un poco más allá de nuestras miserias, teniendo en cuenta lo ocurrido esta semana en Gaza y Ucrania, los vascos tenemos la responsabilidad, entre muchas otras, de llevar a buen puerto la resolución de nuestro conflicto. Junto con la solidaridad, es lo mejor que podemos hacer, nuestra mayor obligación política y moral. Comparado con esas otras tragedias políticas y humanitarias, nuestro conflicto político es mucho más limitado, infinitamente menos dramático, mucho más sencillo de solucionar. Iñigo Urkullu tiene, junto con otros, la responsabilidad de liderar este proceso en los parámetros citados de derechos humanos, resolución y paz. Si no es capaz de asumirla sin dejarse llevar por sus obsesiones particulares, sin realizar cálculos partidarios cortoplacistas, sin dejar de representar a una parte de la ciudadanía vasca, es mejor que guarde las formas y se abstenga de meter cizaña. Convertir las buenas noticias (visita, comunicado…) en malas para que coincidan con la posición propia es perverso, no conduce a nada, y en su caso da una imagen muy pobre del país.

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