«La modificación de los pliegos afecta a la forma de valoración de la adjudicación y tiene como objetivo conseguir una adjudicación que garantice una mayor calidad desde el punto de vista tanto estrictamente técnico como social», ha asegurado en una comisión parlamentaria, en la que ha explicado la decisión de cambiar los pliegos que regulan la concesión de este servicio.

Domínguez ha trasladado que la forma de valoración de la adjudicación «pasa de ser al licitador que ofrece menor precio a valorar la oferta técnica y económica al 50 %». También se estimará la adecuada distribución de las cargas de trabajo, así como el sistema que controle de forma efectiva y rápida el peso de los alimentos emplatados y el que controle la limpieza y desinfección del menaje y de los carros de distribución.

En cuanto a las cláusulas sociales, ha precisado que se valuarán las medidas en materia de seguridad y salud laboral «que no sean requisitos para la ejecución del contrato» y las de «promoción de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres», así como las de «conciliación de la vida laboral, personal y familiar» y las de «promoción de buen clima laboral ente los trabajadores».

«Se pretende lograr que las empresas deban adquirir mayor compromiso en estas materias», ha aseverado, tras asegurar que «el porcentaje para presumir ofertas anormalmente bajas pasa del 12% al 8%». Además, ha apostillado que los pliegos actuales implican una serie de aspectos laborales «que no se recogían en los anteriores», por lo que ha anunciado que «no se contempla la subcontratación de prestaciones accesorias».

Ha añadido que se busca «garantizar las mismas condiciones laborales para todos los trabajadores y evitar que, por la vía de la subcontratación, se contrate en peores condiciones», tras lo que ha remarcado que «se ha incluido un número de horas óptimas para la prestación del servicio, en concreto 148.000».

También ha reconocido que los cambios introducidos «supondrán un esfuerzo a los licitadores», por lo que, para «compensar este esfuerzo y dar un margen de mejora» se ha excluido el mantenimiento de la maquinaria en el contrato, tomando el CHN el control del mismo, y «se ha dejado abierta la posibilidad de revisión de precios».

Por UPN, Sergio Sayas ha exigido «un poco más de rigor y previsión», pues «se le están pasando todos los plazos posibles en materia de contratación pública», y ha anunciado que pedirán un informe a la Cámara de Comptos sobre la legalidad de estas medidas.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha dado la «bienvenida a la modificación de los pliegos» por considerar que es «la mejor solución de las posibles», en la misma línea que la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz, que ha mostrado su «conformidad» ante una medida que ha calificado como «positiva». «Damos por buena la modificación realizada», ha zanjado.

Aunque se ha mostrado «de acuerdo» con lo presentado, la parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha apostado por una «reversión total» de forma «urgente». La portavoz del PSN, María Chivite, ha considerado que el nuevo pliego está «bastante bien» pero ha recordado que el inicial se modificó debido a la «presión sindical».

Por el PP, Javier García ha pedido al consejero que se centre en «atender las principales necesidades de los ciudadanos y no en crear nuevos problemas», y ha pedido «seriedad y planificación», pues la «técnica del ensayo-error no es manera de gobernar».

En nombre de I-E, la parlamentaria Marisa de Simón ha afirmado que la reversión parcial de las cocinas «es una excelente decisión» y que la modificación es «muy pertinente». «No nos parece suficiente pero reconocemos que es lo que se puede hacer en estos momentos», ha dicho.