Los detalles del accidente laboral ocurrido en 2024 en Arano, que LAB ha decidido denunciar por la vía penal, claman al cielo. Un empleado migrante resultó gravemente herido en un pie con una sierra que no funcionaba bien. Los responsables de la empresa se negaron a llamar a la ambulancia y tuvo que llevarlo al hospital un compañero de trabajo. De camino, el administrador le llamó para ofrecerle 500 euros a cambio de que no declarase haber sufrido un accidente laboral. No estaba dado de alta en la seguridad social.

El caso de Arano no refleja la realidad de las relaciones laborales vascas, pero tampoco es una anomalía. La Guardia Civil detuvo ayer a dos personas en Bizkaia por liderar una red de explotación laboral a trabajadores extranjeros, la mayoría en situación administrativa irregular. Durante la investigación se tuvo constancia de varios accidentes laborales.

La alta siniestralidad registrada los últimos años ha encendido algunas alarmas. Siempre hay lugar para la fatalidad, pero el incremento de los accidentes no se puede achacar a la casualidad en pleno auge de la precariedad. Que haya empresarios que siguen dispuestos a vulnerar la salud y los derechos de sus trabajadoras también se debe a que, después de todo, es difícil que les pillen, y si les pillan, tampoco sale tan caro. De ahí que sindicatos como LAB hayan decidido emprender la vía penal en algunos casos. Sin embargo, esta labor no puede correr a cargo ni de centrales sindicales ni de cuerpos policiales; hay una institución que ya tiene el encargo de hacerlo y que debe ser reforzada para que desempeñe con rigor y alcance su cometido: la Inspección de Trabajo.

El problema, con todo, va mucho más allá, y tiene que ver con las condiciones laborales de las trabajadoras, tanto más precarizadas cuanto más vulnerable es su situación. De ahí que la regularización que, según se supo ayer, han solicitado en Hego Euskal Herria 64.317 migrantes, sea una buena noticia. Una trabajadora defenderá más fácilmente sus derechos si no tiene una deportación a la vuelta de la esquina, igual que soportará menos vulneraciones de sus derechos si no pende sobre ella la amenaza de un desahucio.