Montejurra, 50 años esperando a la verdad

Hace hoy exactamente 50 años, mercenarios a sueldo del Estado español mataron en Montejurra a Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero. Se contaban 100 días de la muerte del dictador Francisco Franco y poco más de dos meses desde la masacre del 3 de marzo en Gasteiz. Jurramendi y Zaramaga fueron el temprano aviso de que los herederos del franquismo no iban a permitir caminar libre a la transición que aquellos días echaba a andar.

Quizá no todo estaba tan atado como se ha dicho después. El empuje rupturista en Euskal Herria, en el que se daban cita abertzales, obreros y carlistas rebeldes, entre otros -militancias no excluyentes entre sí-, era más transversal y potente de lo que podría pensarse hoy. De ahí la necesidad del Estado de recurrir a la fuerza, ya fuera de forma directa -como en Gasteiz- o mediante mercenarios -como en Montejurra-. Los hechos ocurridos en Lizarraldea hace medio siglo fueron también un primer ensayo del terrorismo de Estado que se consolidaría después. La dictadura no requería externalizar el uso de la fuerza. Un Estado autoritario legitimado por la victoria en una guerra no tenía la necesidad de prestigiar a sus fuerzas del orden. De lo que se trataba era de dar miedo y aplastar cualquier disidencia. Darle a ese sistema una pátina democrática, por el contrario, reclamaba salvaguardar la imagen de los cuerpos de seguridad. De Jean Pierre Cherid a Mario Ricci o Giuseppe Calzona, en Montejurra se dieron cita algunos de los nombres que más tarde se harían fatalmente conocidos en Euskal Herria, en el contexto de la guerra sucia.

Pese a las evidencias de sobra conocidas, el relato de una batalla entre facciones carlistas sigue circulando. Esta falsedad lo tendría mucho más difícil si el caso hubiera sido mínimamente investigado en sede judicial, si la impunidad no fuera la norma y si los archivos se hubieran mantenido y desclasificado en tiempo y forma. Medio siglo después, prácticamente todos los protagonistas han muerto, pero el reclamo de la verdad sobre la implicación del Estado en los crímenes de Montejurra sigue más vivo que nunca.

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