Arantxa Manterola
Baiona

La juez del «caso Jon Anza» reconoce anomalías pero elude investigarlas

Durante cuatro horas, la juez Myriam Viargues, que instruye el «caso Jon Anza», ha atendido a su familia. Ni esta ni los letrados han quedado satisfechos de las explicaciones de la magistrada, que elude indagar las anomalías en la investigación de la desaparición y muerte.

Cartel denunciando la muerte de Jon anza en Etxarri-Aranatz. (Jagoba MANTEROLA / ARGAZKI PRESS)
Cartel denunciando la muerte de Jon anza en Etxarri-Aranatz. (Jagoba MANTEROLA / ARGAZKI PRESS)

Dos años después de que abriera la investigación, la juez Myriam Viargues ha recibido a la familia de Jon Anza en Toulouse durante cuatro horas.

La magistrada, que se hizo cargo del caso cuando descubrieron el cuerpo del militante de ETA en la morgue del Hospital Purpan de la capital occitana, no ha aportado respuestas a las innumerables preguntas que siguen planteándose sus allegados respecto a lo que le sucedió.

Es más, la abogada Maritxu Paulus-Basurko, que ha acudido a la reunión junto al también letrado Julien Brel y a los hermanos y la compañera del donostiarra, ha manifestado que «lejos de aclarar los interrogantes, la incertidumbre de la familia se ha incrementado aun más».

Y es que, aunque la magistrada ha explicado con todo detalle las diligencias y trámites que ha realizado en estos dos años, el hecho de que estos se circunscriban únicamente al periodo comprendido entre el 18 de abril de 2009, día de la desaparición, y el 30 del mismo mes, cuando los servicios de urgencias lo recuperaron inanimado en una céntrica calle de Toulouse, hace que la investigación judicial no aporte esclarecimiento alguno sobre lo que realmente ocurrió.

Aunque ha reconocido a la familia las innumerables disfunciones, omisiones y «cosas anormales» habidas en el caso, Viargues insistió en que «no le corresponde a ella investigarlos».

La juez adujo en todo momento que su trabajo consiste en investigar y establecer las «causas y circunstancias de la muerte» de Anza; es decir, si hay indicios de que hubiese habido o no un delito, «algo que, por cierto, no está en medida de concretar», según la abogada.

Ante una pared

Paulus-Basurko ha admitido que la larga entrevista les ha permitido «hacerle llegar directamente todos los elementos que consideramos importantes para la investigación».

No obstante, ha añadido que, dada la «hermética postura» de la juez respecto a que no le incumbe averiguar las razones por las que no se practicaron determinadas diligencias, como la de la identificación cuando fue ingresado en el hospital o, incluso, después de fallecer, «es evidente que no vamos a poder saber nada por esta investigación».

«Nos encontramos ante una pared. La única posibilidad de llevar más adelante las pesquisas sería que el Ministerio de Justicia efectuara la investigación interna que hemos reclamado ya en tres ocasiones, sin respuesta alguna por el momento», ha subrayado a GARA la letrada, que ha insistido en que «para nosotros y para la familia todos las deficiencias y anomalías habidas en este caso están estrechamente ligadas y son esenciales para establecer la verdad de lo acaecido».

Expediente médico

Sobre la posibilidad de acceder al expediente médico correspondiente a los días en que Anza estuvo ingresado y que hasta ahora les ha sido denegado, Paulus-Basurko se ha declarado optimista «en cuanto que esperamos poder obtenerlo por medio del hospital».

La consulta de ese expediente podría aportar datos o elementos susceptibles de esclarecer las circunstancias o motivos por los que Anza desapareció, falleció y su cuerpo no fue identificado hasta diez meses más tarde de su muerte.

En opinión de los abogados, la investigación de la juez de Toulouse todavía continuará un tiempo. «No creemos que vaya a cerrar el caso enseguida porque nos ha comunicado que tiene algunas diligencias pendientes de realizar pero, seguramente, no tardará mucho en hacerlo» han puntualizado.

También han indicado que, a pesar de todas las explicaciones, ni ellos ni la familia están satisfechos de la actuación de la magistrada, que se ciñe al argumento de que no es su labor investigar otros hechos, «cuando tiene competencias para hacerlo si lo desea y, además, es obvio que podrían estar relacionados y permitir conocer lo que pasó en realidad».