Falta un año para que arranque un nuevo ciclo electoral en Hego Euskal Herria, pero la pugna entre los partidos ya está abierta. Especialmente, todo hay que decirlo, entre aquellas formaciones cuya acción durante la legislatura choca con lo que van a decir luego en campaña. Es decir, PNV y PSE. El país se merece políticamente algo más que una disputa infantil como la que ofrecieron ayer los socios de Gobierno de las principales instituciones de la CAV. Publicar un meme de Aitor Esteban desde la cuenta oficial del PSE es ciertamente lamentable, no tiene un pase. Darle una categoría que no tiene y suspender por ello una reunión de alto nivel resulta desconcertante. La política tiene mucho de teatro, pero la sobreactuación suele acabar siendo castigada.

Más allá del ruido, estos litigios tienen consecuencias prácticas. El PNV no apoyó ayer en Madrid el decreto que prorrogaba los contratos de alquiler durante dos años. Del mismo modo, se ve que al PSE no le sentaron bien las palabras de Esteban sobre los supuestos progresos en las negociaciones del nuevo estatus, un ámbito –como el del euskara– en el que se sienten con derecho a veto. La experiencia les da la razón.
Es francamente complicado sacar algo en claro de estas trifulcas tan alejadas del ‘‘Pacto para el ejercicio ejemplar de la política’’ presentado en su día por el lehendakari, Imanol Pradales. ¿Son conscientes sus protagonistas del daño que hacen a la credibilidad de la política y las instituciones?

Es un círculo vicioso: el PNV pactaría más sencillamente cuestiones como el estatus o el blindaje del euskara con EH Bildu, formación con la que el PSE aprobaría políticas de vivienda más ambiciosas. Ambos ámbitos –estatuto y vivienda– cuentan con amplias mayorías, pero tienen como pieza central a EH Bildu, un espacio político al que PNV y PSE vetan obsesivamente pese a compartir, objetivamente, más posicionamientos políticos con los soberanistas de izquierdas que entre ellos mismos. El resultado es una parálisis transversal que la CAV no se puede permitir. Esta gobernabilidad obsoleta debe dar paso urgentemente a una más abierta, plural y honesta, que responda a las demandas de la ciudadanía.