En noviembre de 2012 escribí en este mismo medio sobre la muerte de Amaia Egaña. Sobre el desamparo de quienes perdían su casa mientras los bancos recibían dinero público para tapar los agujeros de su propia aventura. Han pasado casi 14 años. Cambian las fórmulas del negocio. Permanece la misma decisión, la de que nuestra necesidad de vivir bajo un techo debe producir beneficios para alguien. Si dejamos de ser rentables, sobramos. Amaia Egaña se suicidó cuando iban a desahuciarla de su vivienda de Barakaldo. Su muerte sacudió durante unos días la conciencia pública. Hubo declaraciones, promesas, protocolos. Después regresó la rutina. En 2022, Argitan, Berri-Otxoak y varios sindicatos denunciaron que, durante aquella década, al menos 2.027 familias habían sufrido un desahucio en Barakaldo. El 87% vivía de alquiler.

La angustia empieza cuando el sueldo no alcanza, cuando vence un contrato, cuando una madre calcula qué dejará de pagar para mantener a sus hijos en su habitación. En Donostia, el pasado enero, una mujer y sus dos hijos fueron desahuciados de un piso de Gros propiedad de Azora. Ahora es Dulce. Stop Desahucios ha denunciado que Azora le exige abandonar su vivienda de la calle Salud, donde vive con su hijo, por finalización del contrato. Paga 800 euros mensuales más gastos y, según la plataforma, está al corriente. La organización reclama una prórroga y cuestiona la validez de la notificación porque es una amenaza que ya condiciona una vida. Stop Desahucios acusa al fondo de vaciar pisos y ofrecer algunos como alquileres temporales para eludir los límites de las zonas tensionadas. 

En Benta Berri, también en Donostia, 510 viviendas muestran hasta dónde llega el dilema. La promoción nació de una adjudicación pública para construir y explotar pisos protegidos. Acabó vinculada a Testa (filial de Blackstone en el Estado español). En marzo, Lakua anunció que sus actuales condiciones se mantendrían hasta noviembre de 2028. ¿Cómo hemos construido una política de vivienda cuya protección tiene fecha de caducidad mientras la posibilidad de hacer negocio se prolonga? 

En Nafarroa, las vecinas y vecinos de las 500 viviendas de Testa en Etxabakoitz, Buztintxuri, Artika, Sanduzelai y Arrotxapea han convocado, con apoyo de LAB, una manifestación para el 17 de octubre. Denuncian amenazas mediante comunicaciones de fin de contrato y reclaman que el Gobierno foral asuma su titularidad y gestión permanente. Recuerdan que esas promociones privadas de vivienda protegida recibieron ayudas públicas para su construcción y que el Gobierno foral ha subvencionado durante años parte de los alquileres. Lo que la sociedad ha contribuido a levantar debe servir para alojarla. 

La vergüenza también forma parte del desahucio. Se obliga a quien no llega a fin de mes a justificar su pobreza, a mostrar sus ingresos, a explicar su familia, a demostrar que merece ayuda. El propietario puede limitarse a reclamar lo que considera suyo. Mientras una persona debe exponer su intimidad ante varias ventanillas, el fondo conserva el anonimato de sus inversores. Esa desigualdad pesa incluso antes de que se pronuncie un juez. Y convierte un problema social en una culpa que la víctima acaba llevando a solas. 

Los fondos han descubierto cómo extraer más dinero de una necesidad de la que nadie puede prescindir. Una cartera de viviendas contiene, para ellos, activos y rendimientos. Para quienes viven dentro contiene años de trabajo, cuidados, relaciones vecinales. Esa diferencia se resuelve a favor de quien dispone de abogados y capacidad de esperar. La impotencia consiste en explicar tu situación humana a una maquinaria que únicamente registra tu solvencia. 

El desalojo tampoco termina cuando se entregan las llaves. Hay que cambiar de escuela, alejarse del trabajo, reorganizar los cuidados. Quien sostenía a una madre anciana desde el portal de enfrente pasa a necesitar un autobús. Quien encontraba apoyo en su vecindario pierde esa red. Se calcula el rendimiento de un inmueble, pero el coste humano de la expulsión queda fuera del balance. Lo pagan las familias, los barrios y los servicios públicos. El beneficio tiene dueño. Las consecuencias se reparten. 

También hay expulsiones sin comisión judicial. La joven que abandona su pueblo porque ningún alquiler cabe en su nómina. La pensionista que se marcha al terminar el contrato. Bizilagunekin ha llevado a la calle esa denuncia en Donostia, y propone recuperar las casas destinadas al negocio turístico para vivir. Euskal Herria se puede vaciar de sus habitantes sin que desaparezca una sola vivienda. Basta con reservarla para quienes puedan pagar más. El barrio conserva las fachadas y pierde la vida que lo hizo barrio. En Ipar Euskal Herria, Alda ha demostrado que la resignación no es obligatoria. Su presión contra la conversión de viviendas en alojamientos turísticos contribuyó a impulsar medidas de compensación para proteger el alquiler residencial. 

Las instituciones no pueden limitarse a mediar cuando el daño ya está hecho. Cada prórroga conseguida alivia una vida, pero no resuelve una política que deja la estabilidad de las familias en manos del propietario. Hace falta impedir que lo protegido se convierta mañana en una oportunidad especulativa. Si el dinero público ha ayudado a construir y mantener esas viviendas, la sociedad tiene derecho a exigir que conserven su función. Y esa obligación debe durar más que el calendario de una inversión. 

Necesitamos vivienda pública que permanezca pública, alquileres compatibles con los salarios, control efectivo de los contratos temporales y protección frente a las expulsiones sin alternativa digna. Necesitamos impedir que las ayudas públicas terminen sosteniendo rentas abusivas. Y que las viviendas vacías de los grandes tenedores cumplan una función social. Seguir viviendo en Euskal Herria no puede depender de que nuestra vida produzca la rentabilidad que exige un fondo. Tenemos derecho a quedarnos. Y tendremos que defenderlo juntos.