La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a cinco y tres meses de prisión al exdecano de la facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco (UPv) Francisco Javier Goiriena y a la exdirectora de Estomatología Montserrat Barranquero, al considerarlos culpables de delitos continuados de apropiación de fondos públicos de la universidad pública y de falsedad en documento mercantil.

Según la sentencia, se les ha condenado además a nuevo años de inhabilitación absoluta y a indemnizar de manera «conjunta y solidaria» a la universidad con 168.400 euros, más los intereses.

La resolución se ha conocido diez días después de que un jurado popular considerara a los dos acusados culpables de los citados delitos.

La Fiscalía y la acusación particular habían pedido una pena de diez años de prisión y catorce de inhabilitación para Goiriena y Barranquero, mientras que las defensas de ambos habían pedido la aplicación de la pena mínima, que es de un año y medio.

El jurado consideró probado que, entre 1994 y 2000, el exdecano y la entonces directora de Estomatología actuaron conjuntamente para destinar fondos de la UPV que correspondían a unidades de investigación o cursos de postgrado a sus fines particulares y además, concluyeron que ambos eran responsables de haber creado sociedades que emitían facturas falsas que se cargaba a cuentas de una universidad.

El magistrado presidente del tribunal ha destacado que los autores del delito continuado de malversación de caudales públicos eran, en este caso, «funcionarios, catedráticos de la Universidad del País Vasco y además son cargos de responsabilidad en ella».

«En todos los casos sustrajeron dinero» con ánimo «de obtener beneficio económico -que efectivamente obtuvieron- o consintieron que otros sustrajeran» fondos de la UPV que estaban a su cargo, «por razón de sus funciones» en la Facultad.

Ha rechazado los argumentos de las defensas que sostenían que en realidad, los fondos sustraídos eran privados: «Ya se ha aclarado que el dinero y los caudales eran de la universidad en su totalidad, no solo en un 10%», sostiene.

Sin embargo, no se ha dictado la pena máxima prevista para el delito de malversación continuada, sino una condena más cercana a la pena mínima al estimar los «periodos de inactividad injustificados» durante este el proceso judicial, que ha durado más de 12 años.