«No puedo hablar porque cualquier cosa que diga la van a usar en mi contra», ha dicho a los periodistas Ríos Montt antes de que la jueza Jazmin Barrios, presidenta del Tribunal que le juzgará, diera por iniciado el juicio, tras rechazar una serie de recursos de la defensa que pretendía detener el proceso.

El dictador guatemalteco, de 86 años, se sienta en el banquillo de los acusados por el genocidio de poblaciones indígenas durante su régimen (1982-1983). Se trata de una resolución histórica al ser el primer exgobernante en ser procesado por este delito en Guatemala. Una decisión que se produce, además, bajo el Gobierno del exgeneral Otto Pérez, a quien organismos no gubernamentales acusan de haber cometido violaciones de derechos humanos contra los mayas.

Las muertes se produjeron durante operativos del Ejército enmarcados en la guerra que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, que causó unos 200.000 muertos.

Tras la apertura oficial del juicio oral y público, la presidenta del tribunal ha concedido la palabra a la Fiscalía para que formalizara la acusación.

Durante más de 20 minutos Orlando López, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, ha explicado al tribunal los argumentos que expondrá a lo largo del juicio y que, ha sostenido el fiscal, comprueban los delitos de genocidio y crímenes de guerra de los que se acusa a los generales retirados.

«Agradezco a los supervivientes y a las víctimas del grupo étnico Ixil por haber esperado a que este día llegara para que se hiciera justicia. Se inicia hoy una de las fases más importantes en relación a los hechos que ocurrieron hace 30 años», ha indicado López.

Cientos de supervivientes, familiares de las víctimas y activistas se han congregado en las afueras de la Corte Suprema a la espera del inicio del juicio.