Nuevo revés del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo al Estado español. Pese a que un millar de personas, según la PAH, han pasado la noche en el Bloc Salt con el objetivo de defender el edificio ocupado por personas desahuciadas ante la orden de desalojo pendiente para este miércoles, no ha sido necesaria la resistencia.

A primera hora de la mañana, a través de los megáfonos, los activistas de la PAH han informado que el Tribunal de Estrasburgo ha estimado el recurso presentado por los abogados de los afectados y ha decidido suspender temporalmente el desalojo, ante la evidencia de que el Estado español no garantiza el derecho a la vivienda de las personas que viven en el bloque.

Una decisión que marca todo un precedente, según ha señalado el abogado Benet Salellas, que ha explicado que el desalojo queda suspendido como mínimo hasta el 29 de octubre. Al mismo tiempo, el Tribunal exige al Estado español que demuestre cómo garantizará el derecho a la vivienda y la protección de los menores que viven en el bloque, tras lo cual se prevé que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión -la suspensión de hoy es solo cautelar-.

La alegría se ha desbordado entre las más de mil personas congregadas desde primera hora de la mañana frente al Bloc Salt, estallando al son del ‘Sí se puede’, grito de batalla de la PAH. Entre los asistentes, numerosos vecinos de Salt -al lado de Girona-, pero también miembros de la PAH del resto de Catalunya y del Estado -hay quien ha venido desde Segovia, Madrid o La Rioja-. Al mediodía, una marcha recorrerá las calles de la localidad.

PAH vs SAREB

El Bloc Salt es un edificio de pisos propiedad de la SAREB -el ‘banco malo’-, vacío durante los últimos tres años y que en marzo fue ocupado por la Obra Social de la PAH para realojar a familias desahuciadas.

Desde entonces, 43 personas viven en el edificio, entre ellas 21 menores. En todo el Estado ya son más de 700 las personas realojadas por la PAH, por lo que la decisión de Estrasburgo podría marcar también un precedente para ellas.

La PAH denuncia que la SAREB, el llamado ‘banco malo’, cuenta con un 45% de capital público y que tiene «el objetivo legal y legalizado de enajenar activos procedentes de las entidades nacionalizadas». «Hablando en plata -señala la Plataforma en un comunicado-, su objetivo es malvender el patrimonio público, de las entidades rescatadas con dinero público, de todos. Y venderlo, en muchos casos a fondos buitres».

Frente a este modelo, la PAH reivindica la «autotutela de derechos frente al vacío gubernamental» y reivindica que «frente a la emergencia habitacional, la práctica de movilización y la desobediencia civil ha conseguido hacer mucho más que cualquier administración pública».

«Si la gente se queda sin casa, si los bancos rescatados con dinero público acumulan viviendas vacías, es una obligación retornarle a esas viviendas la función social», añade el comunicado.