La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Eleanor Sharpston, ha recomendado imponer una multa de 50 millones de euros a las diputaciones de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba por no recuperar a tiempo las ayudas ilegales concedidas en los años noventa a empresas de nueva creación, declaradas ilegales por el Ejecutivo comunitario.

La jurista comunitaria da la razón por tanto a la Comisión Europea, que había solicitado la imposición de una sanción financiera al Estado español, aunque reduce la cuantía frente a lo que había solicitado Bruselas, unos 64 millones de euros.

Sharpston considera que 50 millones ya es una cuantía importante, con suficiente carácter disuasorio, y destaca que si el tribunal finalmente está de acuerdo con su recomendación e impone esta sanción, sería la suma a tanto alzado más elevada impuesta hasta ahora por esta Corte.

En su opinión, el Estado español merece una multa de esta magnitud porque tanto la cuantía de las ayudas ilegales como la demora en su recuperación son considerables, y porque la infracción reviste tal gravedad como para afectar al comercio entre los estados miembros durante un largo período de tiempo.

La abogada apunta además que parece que las autoridades españolas han dedicado gran cantidad de tiempo y de energía a intentar aminorar las cantidades que debían recuperarse, a menudo aportando detalles excesivos que entrañaban más dilaciones.

El dictamen de la abogada general no vincula al Tribunal de Justicia, pero este suele seguir sus recomendaciones en la gran mayoría de los casos. La decisión final podrá demorarse varios meses y no es recurrible.