Estas son algunas de las conclusiones plasmadas en la propuesta de dictamen que ha elaborado Carmelo Barrio (PP), presidente de la comisión de investigación del Parlamento que desde el pasado 1 de abril ha trabajado para aclarar las circunstancias del fracaso de Epsilon e Hiriko.

La falta de financiación privada en ambos proyectos, cuyo desarrollo se basó principalmente en ayudas públicas, fue una de las causas principales de su fracaso, según este informe provisional que ya ha sido remitido al resto de los grupos parlamentarios, que podrán hacer sus alegaciones hasta el próximo día 8, dos días antes de que la comisión de investigación se reúna para debatir y votar el dictamen definitivo.

En sus conclusiones, Barrio señala que el Consejo Vasco de Promoción Económica declaró en 2007 a Epsilon Euskadi como proyecto estratégico «sin sólidos fundamentos industriales, comerciales y de generación y mantenimiento de empleo» sabiendo además que «existía un riesgo alto de que no lograra sus objetivo», entre los que destacaba el intento de competir en la Fórmula Uno.

Además, Epsilon tenía una «ínfima» aportación privada de sus promotores y propietarios y cuando comenzó a disminuir la inyección de dinero público empezó a «flaquear estrepitosamente». Si el proyecto funcionaba sus promotores se hacían con una empresa que estaba tasada en más de 22 millones de euros, pero si fracasaba era el Parque Tecnológico de Araba el que debía adquirir la deuda con las entidades financieras, denuncia Barrio en sus conclusiones.

La propuesta de dictamen aprecia responsabilidades políticas en las personas que formaban parte del Consejo Vasco de Promoción Económica –organismo que agrupa al Gobierno autonómico y a las diputaciones– que en noviembre de 2007 declararon a Epsilon como proyecto estratégico y propusieron al Consejo de Gobierno la concesión de subvenciones.

También considera que hay responsabilidades políticas en las personas que formaban parte del Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Araba que en marzo de 2009 expresaron su conformidad «con las operaciones de cesión de rango hipotecario y de compromiso de participación en ejecuciones hipotecarias».

En el informe, entre otras peticiones, se solicita al Tribunal de Cuentas del Estado que fiscalice las ayudas, préstamos y avales otorgadas a Epsilon, y al Ejecutivo de Lakua que realice las reformas necesarias para reforzar los procedimientos de estudio y de propuestas dentro de los programas de ayudas a empresas.

En relación a Hiriko, Barrio denuncia que ha habido un importante desembolso de ayudas públicas que corren el riesgo de acabar perdidas definitivamente o en manos de empresas privadas que se puedan encontrar con patentes sin haber apenas invertido en su realización, adquisición y utilización.

El Gobierno autonómico, añade, «careció de una falta de visión estratégica al no haber apreciado los riesgos en relación con la necesidad de homologación del proyecto Hiriko». Desde el comienzo el proyecto, según el informe, demuestra «una gran inestabilidad» y la falta de financiación privada se constata como una «grave carencia» en todo el desarrollo del proyecto y se demuestra como esencial en su fracaso.

La creación de esta comisión de investigación fue posible tras un acuerdo que apoyaron EH Bildu, PP y UPyD, mientras que el PSE se abstuvo y el PNV se opuso. Durante las comparecencias ante la comisión han surgido varias polémicas, la principal, en relación al informe sobre Epsilon que elaboró el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que no contó con apoyo de dos de sus vocales, uno de ellos su presidente, José Ignacio Martínez Churiaque, quien denunció que sus críticas sobre el modo en el que se concedieron las ayudas públicas fueron censuradas.

EH Bildu coincide, pero pide «ir más allá»

EH Bildu ha valorado que esta propuesta de dictamen enfoca de «manera apropiada» las conclusiones y responsabilidades políticas, si bien ha opinado que podría haber «ido más allá» para que no vuelvan a suceder casos similares.

En un comunicado, el parlamentario de EH Bildu Igor López de Munain ha señalado que, pese a compartir varios puntos del informe, las conclusiones podrían haber sido «incluso más valientes» en las medidas que se proponen señalando «claramente a los responsables» del fracaso de los proyectos y las áreas de mejora en la defensa de los recursos públicos.