Los dos procesos, desgajados en su día de un mismo tronco dado que la segunda acusación debe ser vista por jurado, llegan a la fase de peticiones de modo simultáneo. Y lo hacen con coincidencia en la opinión de la Fiscalía y de la acusación popular, que tiene raíz en la querella presentada por el Ayuntamiento de Oiartzun, al llegar Bildu al poder en 2011, contra Beramendi.

En el caso de la «infidelidad en custodia de documentos», ambas acusaciones reclaman dos años de cárcel, además de inhabilitación y multa. En el escrito de la acusación promovida por el Ayuntamiento se enumeran 117 documentos que Beramendi se llevó presuntamente del edificio consistorial a la sede de EA (donde había militado hasta la escisión de Hamaikabat en 2009). Fueron hallados en 2010, tras autorizarse la entrada a la secretaria municipal. Beramendi había dejado de ser primer edil en 2007.

Entre estos documentos figuran informes técnicos, expedientes administrativos, convenios municipales, proyectos, planes... unas veinte cajas en total. Se guardaban en un despacho, bajo llave, y sin que los responsables de EA hubieran sido informados de ello. La acusación destaca en su escrito que «se trata de documentación original y primitiva», «de naturaleza muy diversa» y que «afecta prácticamente a todos los departamentos». Cita el «trastorno y perturbación» que provocó al funcionamiento municipal y cómo Martin Beramendi fue preguntado por su paradero, negando conocerlo.

Autorizando obras sin trámite

Por lo que respecta al juicio por «prevaricación», se centra en la obra de reforma del parque de Mendibil, adjudicada en 2006. La Fiscalía detalla que «el acusado, prevaliéndose de su cargo de alcalde, autorizó diversas modificaciones de la obra, que incrementaron los costes. No se trataba solo de partidas debidas a incidencias ocurridas durante los trabajos, sino que con la finalidad de dar respuesta a solicitudes de los vecinos, dio autorización a obras que no estaban contempladas en el proyecto».

Apunta que Beramendi prescindió de «los más elementales trámites administrativos» y que lo abrió parcialmente «el 7 de mayo de 2007, en vísperas de las elecciones municipales, dentro de la habitual mecánica electoral de inauguraciones». El coste de la obra se disparó con ello en un 82% y la nueva Corporación tuvo que renegociarlo.