Al haberlo solicitado el Gobierno español y en cumplimiento del artículo 161.2 de la propia Constitución, la admisión del recurso conlleva suspensión cautelar de la vigencia de la Declaración del Parlament durante al menos cinco meses, mientras se estudia el fondo del asunto.

En su escrito, el Gobierno señala que la resolución aprobada con el respaldo de los diputados de Junts pel Sí y la CUP «viola con total evidencia» hasta ocho artículos de la Constitución española «además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna».

Además, el TC advierte a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; al presidente en funciones, Artur Mas, y a otros 19 altos cargos de que pueden incurrir en responsabilidad penal si incumplen la suspensión. Los jueces avisan «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».

Este apercibimiento, que se adopta de forma inédita, había sido solicitado expresamente por el Gobierno Rajoy en el texto de su impugnación.