En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado acepta la competencia para investigar la posible ilegalidad de la moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) y pide a la Policía española, a la Guardia Civil y a los Mossos d'Esquadra información tanto de la ANC como de la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM).

A las tres las considera «impulsoras y promotoras de la tramitación de las mociones» de apoyo a la declaración del Parlament y por ello pide información a las fuerzas policiales sobre sus «estatutos, componentes, fecha de constitución, mecanismos y vías de financiación y actividades desarrolladas».

El juez adopta esta decisión, a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al considerar que estas mociones pudieron encuadrarse en los delitos de sedición, rebelión y contra la forma de Gobierno, así como en otros delitos conexos, que el Ministerio Público encuadra en los de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones o uso indebido de fondos públicos.

Moreno también pide la lista de los ayuntamientos en los que se hayan aprobado mociones similares a la de Vic, que se votó el pasado 9 de diciembre, siete días después de que el Constitucional declarar ilegal la resolución del Parlament, del 9 de noviembre.

En esa lista, los cuerpos de seguridad deberán detallar la forma de inclusión de la propuesta en el orden del día de los plenos, las fechas en que se votaron, si en ellas se facultó al alcalde a llevarlas a cabo «ejecutando los actos pertinentes», los partidos políticos que representaban los concejales que apoyaron la moción y el sentido de los informes emitidos por los secretarios de los consistorios.