El Ministerio Fiscal ha remitido al juzgado de guardia de Donostia una denuncia con envío de las diligencias practicadas hasta el momento para que sea el juez el que investigue los hechos y decida si encajan en los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas.

A partir de ahora será el juzgado el que continúe la investigación sobre la construcción de la lonja de Pasaia, en la que se ha detectado un sobrecoste que supera los cinco millones de euros y en la que, según las auditorías de Puerto del Estado, se ejecutaron trabajos sin autorización previa ni consignación presupuestaria.

Las irregularidades fueron denunciadas ante la Fiscalía por la Abogacía del Estado, presente en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

El conocimiento de la desviación presupuestaria y su gestión llevó al presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP), Ricardo Peña, a destituir el pasado mes de febrero al director de la APP, Gregorio Irigoyen, y a incoar un expediente disciplinario al jefe del Departamento de Infraestructuras, David Candelario Iparragirre, quien ejercía como director de obra.

Esta misma mañana, Peña ha afirmado que «de momento» no existe «ningún indicio» para que se pueda determinar que existe un delito que «justifique» que se haya trasladado el desfase presupuestario de la nueva lonja a la Fiscalía de Gipuzkoa.