Francesc Homs ha señalado en el uso del turno de última palabra en el juicio que se celebra contra él en el Tribunal Supremo que sea cual sea la sentencia «para nada» modificará su postura desde el punto de vista de promover el derecho a decidir del pueblo catalán, que acabará plasmándose en un referéndum en este mismo año. «Esto se va a hacer porque este mandato democrático está contrastadísimo en las urnas y esta es nuestra determinación», ha asegurado.

«Yo me declaro inocente de la acusación que formula el Ministerio Fiscal», ha alegado Homs en la última sesión del juicio, en la que, según ha dicho, se confunde derecho con política y aunque no hay democracia sin ley, en Catalunya «ha habido ley sin democracia».

Voluntad de autogobierno constante

Ha defendido que la voluntad de autogobierno «ha sido una constante del pueblo catalán a lo largo de toda su historia» y que se trata de un debate que no termina en los tribunales ya que a su entender es «sagrado» que los ciudadanos puedan decidir si quieren o no ser un estado independiente.

«Lo más circunstancial y prescindible es lo que me pase a mí, lo más relevante desde esta perspectiva es el efecto que va a tener la sentencia y que va a marcar las relaciones entre el Estado español y Cataluña», ha dicho dirigiéndose al presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena.

Homs ha insistido en que las resoluciones judiciales no frenarán la voluntad de los catalanes y se ha referido expresamente a la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatut –del que ha recordado que fue ponente– y que negó que se entendiera a Catalunya como una nación. «Alguien pensó que con aquella sentencia se cerraba una puerta y lo que ha pasado es que se ha abierto una más grande», ha defendido el exconseller.

«La respuesta política la tenemos, y es no, la respuesta constitucional también y es no, y ahora parece, y es un gran error, que vamos a tener la respuesta penal», ha añadido.

Homs, que ha apelado en varias ocasiones a la «enorme responsabilidad» que tiene ahora la Sala para dictar sentencia, se enfrenta a una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público de nueve años.