El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha decretado prisión provisional para Montano, de 74 años, después de que haya sido extraditado por las autoridades estadounidenses.

Aunque el excoronel debía comparecer esta mañana en el tribunal, su defensa ha pedido un aplazamiento para poder estudiar mejor el caso, a lo que el magistrado ha accedido hasta el próximo lunes a las 11.30.

La defensa ha solicitado al juez que hasta entonces el acusado, que ha llegado a la AN en silla de ruedas, fuese trasladado a un centro hospitalario por su delicado estado de salud y su avanzada edad, según han informado fuentes jurídicas. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercen las familias de los jesuitas han pedido el ingreso en prisión provisional.

«Evidente riesgo de fuga»

Finalmente, García Castellón ha acordado el ingreso en prisión provisional de Montano al considerar que existe un «evidente riesgo de fuga». El coronel está acusado en el Estado español de cinco delitos de «asesinatos terroristas» y crímenes de lesa humanidad.

Para el juez, en la causa hay «motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito» al excoronel salvadoreño. «Se concluye que Inocente Orlando Montano participó activamente en la decisión y diseño del asesinato de los españoles y sacerdotes jesuitas de la Universidad Centro Americana 'José Simeón Cañas' (UCA) de El Salvador Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo», afirma.

El 16 de noviembre de 1989, fuerzas del Ejército salvadoreño mataron a Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación, al también jesuita vasco Juan Ramón Moreno, a otros cuatro religiosos, a la asistenta Elba Ramos y la hija de esta, Celina, de 15 años.

Ese día, un «escuadrón de la muerte» irrumpió en el Centro Pastoral de la Universidad de los jesuitas, les ordenó salir al jardín y tumbarse boca abajo en el suelo, donde fueron acribillados a balazos.

La investigación en el Estado solo se sustenta por la muerte de los religiosos de nacionalidad españoal y es uno de los pocos casos de justicia universal que continúan su curso después de la última reforma legislativa que limitaba mucho estas causas.

Por este caso están acusados una docena de militares salvadoreños cuya extradición ha sido reclamada por la justicia española, si bien la Corte Suprema de su país ha rechazado su entrega. El único que de momento podrá ser juzgado en el Estado es el coronel Montano porque estaba cumpliendo una condena de 21 meses de prisión en Carolina del Norte (Estados Unidos) por fraude y perjurio.

Líder de La Tandona

García Castellón destaca en su auto que en el momento de la matanza de los jesuitas Montano era viceministro y «uno de los líderes de La Tandona, asociación de 20 oficiales, reconocida internacionalmente por ser un grupo cerrado de militares que ocupaban todas las posiciones claves del ejército y el gobierno salvadoreños, con ambiciones comunes, y temida por anteponer sus intereses y los de sus miembros a los intereses del gobierno o de la propia institución militar».

Además de sus cargos en el Ejército y el Gobierno salvadoreños, el juez remarca que el acusado «tenía a su cargo Radio Cuscatlán, emisora oficial del Estado desde el 11 de noviembre de 1989 que difundió, días antes de los asesinatos, amenazas de muerte contra el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría y los jesuitas de esa universidad, a los que se acusaba de ser terroristas y ‘cerebro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional’».

«Con motivo de la ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Inocente Orlando Montano participó en las reuniones celebradas a lo largo del día 15 de noviembre de 1989» con los mandos militares y altos funcionarios del Gobierno en las que «se adoptaron medidas urgentes como el asesinato de civiles de gran relevancia intelectual y política», explica el juez.

Según el auto, el coronel Montano estuvo presente, «junto a otros oficiales, cuando el coronel Emilio Poce da la orden al coronel Guillermo Alfredo Benavides de asesinar concretamente al padre Ignacio Ellacuría y asegurarse de no dejar testigos y hacer uso para llevar a cabo tal asesinato del comando del Batallón Atlacatl, destacado en San Salvador desde el 13 de noviembre de 1989».