La Audiencia de Sevilla ha dictado la primera sentencia sobre el escándalo de los ERE tras una larguísima investigación. Y sus efectos sacuden al PSOE, especialmente por la condena de cárcel al que fuera presidente andaluz entre 2009 y 2013 José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel.

Los otros dos máximos responsables políticos juzgados han sido castigados únicamente con inhabilitación, de nueve años de duración. Se trata de Manuel Chaves, que fue presidente andaluz y también presidente del PSOE y ministro, y de Magdalena Álvarez, exministra de Fomento condenada por su etapa como consejera de Economía andaluza.

«Plenamente consciente de la ilegalidad»

Griñán fue «plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó» al conceder las subvenciones de los ERE a través de las transferencias de financiación, según explica el magistrado Juan Antonio Calle Peña en un resumen de la sentencia facilitado a la prensa.

El expresidente, que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 antes de relevar a Manuel Chaves en la Presidencia, asumió «la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados», añade el juez.

En los anteproyectos de presupuestos en los que Griñán participó como consejero se incluyó el uso de la transferencia de financiación al ente público IFA-IDEA, de la Consejería de Trabajo, dentro del programa 31L para pagar subvenciones, como se decía en las memorias de los presupuestos, recoge el magistrado.

Por ello, Griñán aprobó que figuraran como ingresos las cantidades recibidas vía transferencia de financiación del programa 31L, y que se incluyeran dentro del apartado «otros gastos de explotación», para equilibrar las cuentas.

«Y ello, a sabiendas de que el IFA-IDEA no tenía gasto alguno, ni realizaba actividad propia con esos ingresos, pues únicamente se limitaba a pagar», razona el ponente de la sentencia.

«La presupuestación de estos gastos ficticios evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario no hubiese sido necesario haber presupuestado los citados gastos ficticios», concluye el magistrado.

Otras condenas

Además de los tres citados, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día, mientras que los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) han sido condenados a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. La Fiscalía Anticorrupción pedía para los tres ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta. Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción les pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.